Ley Catastral y Programa Metropolitano: texto vs rumor

¿Van a subir el predial o a quitarle a alguien su casa por tener un terreno baldío? La pregunta recorre conversaciones familiares y redes sociales. Este 18 de octubre, las autoridades anunciaron que revisarán las propuestas más cuestionadas del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México. Lo hicieron mientras su consulta pública sigue abierta y después de que el Congreso aprobó una nueva ley catastral. En medio del temor y las respuestas oficiales, conviene separar los textos: ¿qué propone cada uno y qué podemos hacer todavía?

La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral busca que los catastros y los registros de la propiedad de todo el país compartan información y operen con herramientas compatibles. Prevé una Clave Única para identificar cada inmueble y una cédula que vincule esa clave con su registro. Si los datos coinciden y pueden consultarse mejor, será más fácil detectar errores. Pero una clave no es una escritura ni demuestra por sí sola quién es dueño de una casa.

La ley no crea un impuesto federal, no fija una nueva tasa de predial y no entrega a la Federación su cobro. El temor, sin embargo, tiene una raíz comprensible: un padrón más completo puede facilitar que las autoridades locales revisen valores catastrales, utilizados para calcular ese impuesto. Modernizar la información no equivale automáticamente a aumentar el recibo, pero tampoco garantiza que todos los recibos permanezcan iguales. Habrá que vigilar las decisiones de cada municipio y entidad.

Diferencias y propósitos del Programa de Ordenación

El Programa de Ordenación trata de otro asunto: cómo coordinar la planeación de una metrópoli que abarca la Ciudad de México y municipios del Estado de México, Hidalgo y Morelos. Su proyecto, organizado en nueve apartados, propone rutas para atender problemas compartidos como vivienda, movilidad y uso del suelo. Según su propia introducción, orienta a las autoridades: no sustituye los planes locales, no cambia directamente los usos del suelo ni impone por sí solo obligaciones a los propietarios.

Entonces, ¿por qué causó inquietud? Porque en sus capítulos 7 y 8 aparecen propuestas para acercar los valores catastrales a los de mercado y aprovechar predios baldíos o subutilizados. Aunque no se aplican automáticamente, podrían influir en decisiones locales posteriores. Una frase del programa no basta para quitarle a alguien su propiedad; tampoco sería responsable ignorar cómo esa propuesta pudiera traducirse después en una regla o un acto de autoridad. Esa es la diferencia entre descartar un rumor y examinar un riesgo.

Ambos instrumentos se tocan en un punto: la ley puede mejorar los datos de los inmuebles y el programa puede aprovechar esa información para orientar la planeación. Pero tienen distinto alcance y están en momentos distintos. La ley ya fue aprobada por Diputados y Senado y espera su publicación; el programa todavía puede cambiar. El anuncio de revisión sobre valor catastral y predios baldíos reconoce las preocupaciones recibidas. Aún no sabemos qué se eliminará o modificará en la versión final.

También hay fechas que seguir. Una vez que entre en vigor la ley, deberán emitirse lineamientos técnicos en treinta días hábiles; las plataformas y modelos deberán estar listos para operar el 1 de enero de 2027, y los congresos locales tendrán 180 días para adecuar sus normas. Ahí importa saber cómo se corregirán datos equivocados y qué podrá hacer una persona si una decisión afecta su patrimonio. Si alguna autoridad actualiza valores, deberá explicar sus criterios y respetar los medios de defensa aplicables.

La participación inmediata está en el programa. Hasta el 22 de noviembre puede consultarse el proyecto en pozmvm.sedatu.gob.mx y enviar observaciones mediante su formulario o al correo participacion.dgomr@sedatu.gob.mx. Señalar el apartado preocupante, explicar su posible efecto y proponer una corrección es más útil que repetir que habrá un «predialazo» o aceptar sin más que nada puede pasar. Después habrá que comparar las observaciones con el texto definitivo y seguir las decisiones locales.

La discusión ya produjo una promesa de revisión. Ahora toca convertirla en cambios verificables. Una casa no se defiende con un rumor, pero tampoco con un comunicado tranquilizador: se defiende leyendo lo que se propone, participando a tiempo y exigiendo que cada decisión sobre el patrimonio tenga razones y responsables.