Poder Popular

Por Norman F. Pearl @NormanFPearl

La inseguridad pública es una terrible circunstancia derivada de los permisivos e irresponsables actos de gobiernos anteriores, en especial el bestial  narcogobierno  de Felipe Calderón, que no solo veía  con desdén e hipocresía su crecimiento exponencial, sino que alentaba sus prácticas y fortalezas desde un poder político con la fragilidad de sus antecedentes.

En el año 2012, el Procurador General de la República priista, aseguraba que durante la presidencia de Calderón habían nacido entre 60 y 80 cárteles pequeños y medianos, cuya permanencia y “éxito” estaban asegurados. 

Por su parte, el 7 de febrero de 2017, el CIDE (Centro de Investigación y Desarrollo Económicos) publicaba estudios que mostraban en esa fatídica administración los grupos del narcotráfico crecieron más de un 900% y “el aumento de la violencia derivada de la “estrategia” para combatirlos había deteriorado las condiciones de seguridad en el país”. 

No es un dato menor establecer: la mayoría de los grupos predominantes del narcotráfico en México hasta la fecha, nacieron durante el fatídico, cómplice y permisivo mandato de Felipe Calderón Hinojosa. 

• La familia Michoacana (2006), 
• Jalisco Nueva Generación (2007), 
• Grupo Beltrán Leyva (2008), 
• Guerreros Unidos (2011) y 
• Templarios (2011).

Hay quienes de forma ingenua o perversa ( ciudadanos desorientados o políticos aviesos) pretenden culpar al gobierno actual ignorando el origen de nuestra inseguridad ya que estos grupos  por su infraestructura y poderío económico resultan ser un grave problema transexenal que ha debido ser abordado con métodos multidisciplinarios y la creación de una alternativa de persuasión con instrucción militar incorruptible. 

En México, todas las personas que se precien de conocer la evolución del país y sus sobresaltos, en términos de seguridad, saben perfectamente cómo, y “a manos de quien”, perdimos nuestra tranquilidad y certidumbre relativa que alguna vez disfrutáramos.

Muchos de los que ahora componen el poder legislativo, y aquellos que los antecedieron, son cómplices por acción u omisión, y deberán reparar parcialmente sus daños ayudando en el fortalecimiento de una guardia nacional que representa hoy nuestra mejor apuesta. 

Recordamos en México, las policías civiles, nombradas y “supervisadas” por los gobernantes en turno, eran fácilmente corrompidas por la delincuencia organizada. 

Superpolicías delincuentes

El mejor, y más grotesco ejemplo, lo tenemos en el Secretario de Seguridad de Calderón, Genaro García Luna y los “superpolicías”, que eran condecorados por el “presidente” a la menor provocación. 

Los “angelitos”, ahora lo sabemos, tenían estrechos vínculos con el narcotráfico y acudían a la tortura para fabricar delitos a ciudadanos inocentes que se significaran como trofeos en su “lucha” selectiva contra la delincuencia. Todos estos “paladines de la seguridad” hoy enfrentan delitos que la sociedad sobradamente conocía. 

La policía federal, nefasta herencia del gobierno multicitado, fue quizá una de las muestras más concretas de la corrupción existente. Su disolución y posterior incorporación de los elementos menos dañados a la guardia nacional nos permitió conocer sus formas de operar. El presidente López Obrador diría: “La corporación se echó a perder y poco se puede hacer por ella salvo cerrarla de la mejor manera”. 

La mayoría de sus elementos no pasaban la menor prueba de confianza ni someros análisis toxicológicos, era un cáncer que se estaba extirpando, a pesar de la pública defensa que haría en su favor el cinismo opositor. 

Todavía subsisten en la Guardia Nacional un poco más de 23 mil empleados civiles que eventualmente serán trasladados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP) en virtud de la reforma que determinó pasar el control operativo a la Secretaría de la Defensa Nacional para que ésta no sea contaminada por las viejas prácticas. 

Las modestas policías estatales y municipales viven condiciones de abandono por razones de presupuesto y acoso sistemático por parte de la delincuencia organizada que les corrompen con una facilidad inusitada. 

Lo anterior, deja a la población indefensa ante el delito permanente. Esto justifica la urgente necesidad de contar con la cobertura de protección por parte de la Guardia Nacional en todo el país. 

Algunos cuestionan, la mayoría de los países no tienen sus policías militarizadas, y eso es cierto, sin embargo, las condiciones extremas de inseguridad al cual fue llevado nuestro país, exigía un  esquema de protección a la población más serio, más profundo, y sobre todo, con eficiencia académica, entrenamiento y preparación que sólo la milicia desarrolla. 

Advenedizos

Como podemos ver, existía la disyuntiva de volver a confiar la seguridad de nuestra población en advenedizos como Felipe Calderón, Genaro García Luna, Cárdenas Palomino y demás “generales de ocasión” que se venden al mejor postor, o cambiar radicalmente la estrategia.

Los anteriores argumentos, fueron suficientes en el Poder Legislativo para que la Guardia Nacional quedara bajo la supervisión y control en la Secretaría de la Defensa Nacional. No así para Ricardo Monreal, quién con su abyecta abstención, suma sus esfuerzos a una desprestigiada oposición que buscará, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declare la inconstitucionalidad de esta iniciativa del presidente López Obrador. Esperamos no prospere la incongruencia que debata una realidad irrefutable.

La semana que terminó, fue aprobada por el pleno de la cámara de diputados con una mayoría calificada (335 votos) el dictamen de reforma constitucional que amplía hasta 2028 la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad.

Es el PRI (Partido Revolucionario Institucional) quien presenta la iniciativa de reforma con argumentos válidos pues no se puede soslayar la necesidad de contar con el ejército y la marina en momentos de coyuntura para la seguridad del país. 

La Guardia Nacional está incompleta todavía y la fragilidad de las policías locales es muy evidente. 

A pesar de este esfuerzo en los diputados, en el senado, esta reforma constitucional requerirá 85 de los 128 votos disponibles, por lo que el coordinador de Morena en ese recinto, Ricardo Monreal Ávila, anticipa el fracaso, y de alguna manera, su propia incapacidad para operar con los otros grupos parlamentarios su aprobación. También sería necesaria la aceptación de 17 congresos locales que resultaría altamente probable.

La fatiga de “Alito” Moreno por congraciarse con sus detractores oficiales, ofreciendo a una parte del PRI en la cámara de diputados para este propósito, ha chocado con el PRI de Claudio X González que se hace fuerte en el senado. 

Y si bien es cierto, no veremos aprobada la propuesta de “buenas intenciones” del chacal priista, su contribución al desmembramiento de la inmunda coalición “Va por México” es apreciable. 

“La ambición suele llevar a los hombres a ejecutar los menesteres más viles, por eso para trepar se adopta la misma postura que para arrastrarse” (Jonathan Swift) 

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M21