2027: El año en que México vota por todo
noviembre 24, 2025Cártel del agua. Rebelión o monopolios del agua
Por: José García Sánchez.
La doble moral de la derecha ante la ley
La derecha mexicana exige orden y legalidad durante años. Sin embargo, cuando la aplicación de la ley afecta sus intereses, acusa autoritarismo y represión. La toma de la aduana de Ciudad Juárez lo demuestra. Un grupo de integrantes de la Asociación Nacional de Transportistas irrumpió en las oficinas y trató con violencia a empleados federales.
Los agresores insultaron a los guardias y luego amenazaron al personal. Exigieron que desalojaran las instalaciones y advirtieron que usarían la fuerza si no obedecían.
Transportistas inconformes acostumbrados al privilegio
Las protestas de estos transportistas son parte de una inconformidad más profunda. Muchos empresarios nunca aceptaron al actual gobierno porque, durante los gobiernos del PRIAN, recibieron condonaciones fiscales. En ese periodo evitaron pagar miles de millones de pesos en impuestos.
Entre los dirigentes de la ANTAC aparecen representantes de empresas como FEMSA y Bimbo. Ambas recibieron condonaciones durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La organización también incluye a compañías beneficiadas con perdones fiscales:
Oxxo, Coca-Cola, Heineken, Barcel, Peñoles, PepsiCo y Grupo Lala. Este último, dirigido por Eduardo Tricio Haro, promovió la frase: “López Obrador es un peligro para México”. Hoy incluso adquirió acciones de Televisa.
Estas empresas recibieron condonaciones por más de 20 mil 488 millones de pesos.
La estrategia: generar miedo y provocar represión
El discurso de los dirigentes de la ANTAC pretende alertar sobre una supuesta crisis alimentaria. Buscan generar incertidumbre y esperar una reacción violenta del Estado para acusarlo de violar derechos humanos. La intención real es recuperar los privilegios fiscales y políticos perdidos.
PRI y Movimiento Ciudadano apoyan estos bloqueos, aunque representan un grupo minoritario. Aun así, hacen ruido suficiente para construir una narrativa de caos.
Entre 2007 y 2015 existieron 9,941 condonaciones a 7,884 contribuyentes. El monto total ascendió a 101,665 millones de pesos.
Esto fue posible gracias a reformas que permitían cancelar hasta el 100% de las contribuciones.
En 2019, el presidente López Obrador reformó el artículo 28 constitucional y prohibió de forma definitiva la condonación de impuestos.
Las concesiones de agua y el llamado “cártel del agua”
Otro foco de conflicto es la reforma a la Ley del Agua que discute el Congreso. El debate ha expuesto que varias concesiones se otorgaron de forma irregular en sexenios anteriores. Incluso grupos como los LeBarón usan estas concesiones para vender agua a precios exorbitantes.
El agua es propiedad federal, pero muchos particulares se adueñaron de ella mediante decretos presidenciales. Los pueblos originarios del norte sufrieron despojo de tierras y fuentes de agua durante esos años.
Se identificó a un grupo de políticos panistas con enormes privilegios hídricos. Este bloque, conocido como “cártel del agua”, incluye:
- Miguel Márquez Márquez (ex gobernador de Guanajuato)
- Luis Armando Reynoso Femat (Aguascalientes)
- Ignacio Loyola Vera (Querétaro)
- Francisco Javier Ramírez Acuña (Jalisco)
- Marko Cortés
- Vicente Fox
Entre todos controlan más de 3 millones de metros cúbicos en la región del Bajío.
El desorden heredado y la regulación necesaria
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que emitirá un decreto para ordenar las concesiones del agua. La revisión detectó que, de 536,533 títulos, 163,689 están vencidos.
El objetivo es dar certeza jurídica a pequeños productores agrícolas y pecuarios.
También existen casos extremos, como el del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. Él y otros actores políticos convirtieron el acceso al agua en un negocio que afecta directamente al campo mexicano.
La intención real: desestabilizar
Aunque los dirigentes de la ANTAC piden diálogo, el gobierno ha mantenido mesas abiertas durante semanas. El problema no es la falta de acuerdos. El problema es que ciertos grupos económicos y políticos no quieren soluciones: buscan crear un escenario que justifique un golpe de Estado “blando”.
La campaña mediática apenas inicia. Culpan a la Presidenta de tensiones que, en realidad, nacen del deseo de conservar privilegios ilegales que violan la ley y dañan al país.
