Caminos y montañas: apoyos monetarios y su legitimación de la violencia

Apoyos pro desapariciones: un camino espinoso legitimador de la violencia Cuando las políticas de seguridad fracasan, los gobiernos suelen recurrir al “pago monetario” bajo el argumento que todo se vale con tal de contener la inconformidad ciudadana, que no es lo mismo que restablecer la paz social. De cualquier cosa se valen para que las protestas no lleguen a los edificios y calles más emblemáticas y de paso buscan frenar a la opinión pública.

Esta es una lectura que puede darse a la creación del programa capitalino, que consiste en dar un apoyo monetario a los huérfanos o deudos de las víctimas por desaparición; se trata de un apoyo económico mensual de 2 mil 553 pesos por cada menor en situación de orfandad por desaparición de uno u ambos progenitores, además facilitar el acceso a vivienda, atención psicológica y al sistema bienestar.

Desde luego que este gran esfuerzo financiero que despliega el gobierno capitalino es loable y despierta positivos sentimientos humanitarios; nadie puede estar en desacuerdo en ello. Incluso podemos decir que se habían tardado en otorgar este beneficio favorable a quienes se enfrentan a múltiples “retos” para salir adelante en su vida desde la orfandad, problemas psico-emocionales y materiales. Sin embargo, tampoco podemos caer en el simplismo, pues a todas luces, cuando un gobierno opta por “pagar”, deja entrever que ya no puede solucionar un problema y, por ende, el mensaje es que está renunciando a sus obligaciones fundamentales como brindar una eficaz seguridad a sus gobernados.

Por otra parte, la experiencia de la creación de los programas sociales en México -vale para todos los partidos políticos- nos enseña que cuando el gobierno “acuerda” dar apoyos monetarios a grupos vulnerables como indígenas, campesinos, madres solteras, adultos mayores, entre otros, detrás “esconde” objetivos nada prudentes que puedan decir en sus discursos públicos.

Insistimos que la experiencia nos demuestra que, en los hechos, esos apoyos monetarios se traducen en una serie de “pagos esperados” de tipo político y de clientelismo electoral. Entre esos objetivos ocultos, podemos mencionar: inmediatamente parar las protestas de inconformidad y reclamos, acallar a la opinión pública, construir puentes para llegar a “acuerdos de control”, pero no con los familiares auténticos de las víctimas, sino con los líderes de las “asociaciones” que los representan; y la peor “bajeza” viene cuando llega el momento de cobrar esos apoyos vía credenciales para votar en tiempos electorales.

Otra cuestión que no podemos dejar pasar por desapercibida es el hecho de que en todo movimiento de protesta social o de víctimas, detrás están una serie de “líderes” que son los que más gritan y dan sombrerazos, pero que nada tienen que ver con esas causas. Sin embargo, suelen responder a intereses políticos y partidistas, ya que se trata de agrupaciones u asociaciones disfrazadas que se dicen socialmente sensibles y sintientes del dolor ajeno, pero cuya meta es convertirse en los voceros y representantes de los verdaderos afectados.

Luego viene la capitalización política y, en seguida, son las mismas autoridades las que piden “no lucrar con el dolor ajeno”, cuando el problema es que los programas de apoyos económicos no se diseñan como políticas públicas, es decir, no son incluidos en los marcos constitucionales.

¿Quién no recuerda el movimiento de los 43 de Ayotzinapa, jóvenes estudiantes normalistas, quienes fueron desaparecidos la tarde-noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y que fueron víctimas de desaparición forzada, sin que, a la fecha, se conozca su paradero? Pero que en cada momento electoral o de crisis política se reactiva su memoria, principalmente en la capital del país.

Cuando los deudos de las víctimas no son escuchados u atendidos por las autoridades competentes, suelen caer en falsos representantes y podemos encontrarlos “abanderando” cualquier cantidad de movimientos de protesta social, tales como demanda de vivienda, mejores precios agrícolas, asuntos agrarios, delimitaciones territoriales y, lo más sospechoso, es cuando los gobiernos de pronto acuerdan con estos una solución casi milagrosa, concluyendo indistintamente en recursos monetarios y exigencias de apoyo electoral y partidista.

Volviendo a la capital, el número de desaparecidos, según los reportes del 2026, se estima en 6 mil 125 personas desaparecidas y no localizadas -un 4.5 % frente a la cantidad nacional de unos 135 mil-, destacando con el mayor número las alcaldías de Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero; y las edades de los afectados oscilan entre los 10 a 24 años.

Obviamente, este fenómeno de violencia demanda una urgente solución, pues en el terreno político y social ya se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno federal y de varias entidades, contabilizándose hasta 230 colectivos y agrupaciones de búsqueda conformados por familiares, destacando madres, hermanas y esposas, dedicadas por completo a la tarea de localizar a sus familiares en situación de lamentable desaparición. Pero también están las redes nacionales y regionales, por ejemplo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México -MNDM-, acuerpado por hasta 90 colectivos de familiares de víctimas y organizaciones civiles en 24 estados de México y con lazos hasta Centroamérica. Además, la dirigencia del EZLN anunció que para fines de año estarán en la capital del país para abrazar, escuchar y hacer saber a las madres buscadoras que comparten su dolor y su empeño de verdad y justicia.

Aunque la MNDM sostiene que no posee objetivos políticos ni partidistas y se define como organización de la sociedad civil, sí dice ir por acciones legislativas y, desde luego, eso implica tener un soporte directo con los legisladores en los congresos. Por ejemplo, buscan incidir en la implementación de mejores políticas para la búsqueda de las víctimas y promover reformas en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada promulgada en el 2018, misma que, por los resultados vistos, quedó en letra muerta.

Más allá de las protestas sociales, que son totalmente necesarias, justas y con total apego a derecho, es muy conveniente destacar que México experimenta un incuestionable fracaso de las políticas de seguridad, cuyos costos en vidas humanas conservadoramente se estiman en 135 mil personas sin localizar y otros 70 mil cuerpos sin identificar. Estas cifras han colocado a nuestro país en los ojos del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas, activando las alarmas al seno de la Asamblea General, señalando que en México existe impunidad estructural y dejando entrever que vivimos en una especie de confabulación con el crimen.

Por obvias razones, ningún gobierno democrático puede permitir estos señalamientos internacionales, pero la respuesta más allá de las reprimendas diplomáticas y estridentes discursos nacionalistas, se debe partir de un diagnóstico realista para encontrar al interior del país las medidas de contención y solución a esta problemática, destacando que no se pueden ocultar bajo el petate cifras suficientes para llenar dos veces el estadio Azteca.

Que otros países sirvan de ejemplo: Brasil bajó las tasas de homicidios entre 2017 y 2023, de 63 a 39 mil homicidios en breves 6 años (Cit: BCVA/Curso en Seguridad Nacional/2026); y, claro que hay diferencias entre ambos países, pues en Brasil la violencia creció y se fortaleció desde las cárceles, mientras que en México viene desde la libertad y con sospechas de alianzas con otros poderes. Brasil aplicó políticas policiacas descentralizadas con presencia y proximidad las 24 horas -tipo cuadrantes y por resultados-, mientras que México sostiene una política centralizada bajo el formato del Mando Único y la militarización y sin evaluaciones transparentes.

De poco sirve emitir leyes estatales de Seguridad Pública si desde el centro se nombran a los responsables de seguridad y se dictan las políticas de seguridad locales y municipales. Imagínese aplicar este modelo desde Quintana Roo hasta Baja California. Parece un total sinsentido.

El Estado empieza por el municipio. Sin Estado en el territorio, ninguna política funciona e impera el Estado fallido.

Hasta pronto.