La defensa del exsecretario de Seguridad solicita un nuevo proceso en Nueva York y acusa al gobierno de AMLO de obstaculizar testigos y pruebas.

El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, solicitó a una corte de apelaciones en Nueva York la anulación de su juicio por narcotráfico, al argumentar que el proceso estuvo marcado por irregularidades que afectaron su derecho a una defensa adecuada.

En un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones, su equipo legal sostuvo que existen pruebas “irrefutables” de que testigos clave mintieron durante el juicio y que la fiscalía habría ocultado información relevante.

Defensa acusa intimidación a testigos

Los abogados de García Luna señalaron que el exfuncionario fue tratado como un “enemigo de Estado”, lo que generó un ambiente adverso para posibles testigos en México.

De acuerdo con la defensa, personas que podrían haber aportado elementos a su favor evitaron hacerlo por temor a represalias legales.

“Cualquier testigo que pudiera haber ayudado enfrentaba el riesgo de ser detenido en México”, argumentaron en el documento.

Obstáculos para la defensa durante el proceso

El equipo legal también denunció que las condiciones del proceso limitaron su capacidad para reunir pruebas.

Entre los factores mencionados destacan la pandemia de covid-19 y las restricciones financieras impuestas por autoridades mexicanas.

Según la defensa, el bloqueo de recursos afectó directamente la operación legal y el acceso a bienes familiares necesarios para sostener el caso.

Fiscalía pide desechar la apelación

En respuesta, fiscales estadounidenses solicitaron que la apelación sea rechazada por considerarla improcedente y fuera de tiempo.

Argumentaron que la defensa no actuó con la debida diligencia, ya que las pruebas que ahora presentan pudieron haberse incluido durante el juicio original.

El proceso se llevó a cabo en una corte federal en Brooklyn, donde García Luna fue declarado culpable por vínculos con el narcotráfico.

Caso sigue en disputa legal

La defensa insistió en que enfrentó condiciones extraordinarias que impidieron presentar evidencia clave en su momento.

El caso ahora queda en manos de la corte de apelaciones, que deberá determinar si existen elementos suficientes para ordenar un nuevo juicio.

La resolución podría redefinir uno de los procesos judiciales más relevantes relacionados con la seguridad pública en México y su vínculo con el crimen organizado.