Brugada presenta reforma que contempla sanción a franeleros por uso ilegal del espacio público. La iniciativa de reforma tiene el objetivo de garantizar el respeto y uso equitativo del espacio público.

El Gobierno de la Ciudad de México presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Cultura Cívica que contempla sanciones específicas para quienes, conocidos como “franeleros” o “viene viene”, condicionen el uso de la vía pública para estacionamiento a cambio de una cuota, mediante prácticas intimidatorias o agresivas.

La calle no es una mercancía

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó en conferencia de prensa que el espacio público “no es una mercancía ni debe ser un privilegio”, por lo que la iniciativa plantea arrestos inconmutables de hasta 36 horas para quienes incurran en dichas prácticas. “En esta ciudad, el espacio público es un derecho”, subrayó.

Además de la reforma legal, la propuesta incluye una estrategia integral: una campaña de concientización bajo el lema “El espacio público es de todas y todos”, para informar a la ciudadanía sobre conductas prohibidas, así como programas de empleo y emprendimiento dirigidos a quienes actualmente trabajan como cuidadores informales de autos.

Arresto y multa

La consejera Jurídica y de Servicios Legales del gobierno capitalino, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, detalló que la reforma modifica el artículo 31 de la Ley de Cultura Cívica para clasificar como infracción tipo F las acciones coercitivas de los franeleros. En estos casos, explicó, la sanción será arresto inconmutable, sin posibilidad de sustituirse por multa o trabajo comunitario.

Cruzvillegas también señaló que estas conductas se vinculan con diversos delitos tipificados en el Código Penal, como extorsión (art. 148), amenazas (art. 209), robo (art. 224) y lesiones (art. 130).

Finalmente, explicó que la intervención policial será inmediata en caso de flagrancia, sin necesidad de una denuncia formal, con el fin de proteger la seguridad, el orden y la movilidad en la ciudad.

Con esta medida, el gobierno capitalino busca equilibrar el ejercicio de los derechos ciudadanos con una política pública de atención social, reduciendo la violencia e informalidad en el uso del espacio público.