Postigo
Por José García Sánchez

Alessandra Rojo de la Vega inició una ofensiva política que vulnera principios básicos del servicio público. Lo hace contra quienes considera sus enemigos, que en la práctica son amplios sectores de la ciudadanía que cuestionan su gestión.

Desde la alcaldía Cuauhtémoc, la funcionaria impulsó una plataforma digital para exhibir públicamente a vecinos críticos. El objetivo declarado es “desmentir acusaciones”, pero el mecanismo plantea un problema mayor: el uso de recursos y posición institucional para señalar, intimidar y desacreditar a ciudadanos, lo cual está prohibido para cualquier servidor público y constituye un riesgo directo para la libertad de expresión.

Operación Verdad y el uso del poder público

La plataforma fue presentada bajo el nombre de Operación Verdad. Según la propia alcaldesa, su función es analizar acusaciones, presentar “pruebas” y exponer a quienes difunden críticas. En los hechos, se trata de una lista negra digital que busca inhibir el disenso.

Este tipo de acciones contraviene principios elementales de la administración pública. Ningún funcionario puede usar su cargo para perseguir opiniones, mucho menos para amenazar con consecuencias penales a quienes cuestionan su desempeño.

El espectáculo del antidoping

Uno de los episodios más difundidos fue la realización pública de un examen antidoping. La prueba buscaba desmentir versiones sobre consumo de cocaína, surgidas tras un informe de gobierno en noviembre de 2025, donde la alcaldesa mostró conductas que llamaron la atención.

El examen se realizó meses después y fue únicamente sanguíneo. Este tipo de prueba pierde validez pocos días después del consumo de la sustancia. Para una verificación real se requieren análisis de cabello u orina, que pueden detectar consumo hasta seis meses después. El ejercicio, lejos de aclarar, reforzó la percepción de un montaje mediático.

Hostigamiento digital y falta de gestión

Desde meses antes, la alcaldesa impulsó un grupo organizado de jóvenes dedicados a responder de forma agresiva a críticas en redes sociales. Mientras tanto, los problemas centrales de la demarcación permanecen sin atención visible.

La prioridad parece estar en la imagen personal, no en la gestión pública. La vanidad sustituye a la vocación de servicio. La propaganda reemplaza al trabajo institucional.

Criminalizar la crítica

Rojo de la Vega ha insinuado que su plataforma servirá para presentar denuncias por difamación ante autoridades y el Órgano Interno de Control. Incluso ha mencionado consecuencias penales para críticos.

La crítica ciudadana no es delito. Pretender judicializarla revela una visión autoritaria del poder y una incomprensión profunda del rol de los servidores públicos en una democracia.

Uso ideológico del espacio público

A esto se suma la invitación a pastores y clérigos a realizar actos religiosos en espacios públicos de la alcaldía. Esta práctica vulnera el carácter laico del Estado y evidencia una visión limitada de la administración pública en una ciudad históricamente progresista.

El retiro de estatuas y la censura simbólica

El retiro de las estatuas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara no puede considerarse un acto menor. Se trata de un despojo simbólico que afecta la memoria histórica y el derecho de la sociedad a convivir con expresiones que no necesariamente coinciden con la ideología del gobierno en turno.

Acusaciones de corrupción

La alcaldesa enfrenta además señalamientos graves. La alcaldía Cuauhtémoc habría entregado más de 97 millones de pesos a una red empresarial vinculada al Grupo Meor, mediante presuntas licitaciones simuladas. Este señalamiento ya trascendió el ámbito mediático y se convirtió en denuncia penal.

Autoritarismo disfrazado de espectáculo

Las críticas fundamentadas han tenido impacto. No por exageración, sino por la torpeza con la que se ha manejado la comunicación oficial. La respuesta ha sido más control, más señalamiento y más espectáculo.

La estrategia recuerda más a prácticas autoritarias que a un ejercicio democrático del poder. En una ciudad como la Ciudad de México, este tipo de conductas no construyen futuro político. Revelan, más bien, la incapacidad para ejercer una responsabilidad pública con madurez, legalidad y respeto a la ciudadanía.