Un tribunal federal ordenó este lunes al Ejército mexicano conservar los archivos del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014 en Guerrero.
La orden se da luego de que los padres de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa acusaron a altos mandos militares de ocultar información crucial relacionada con la desaparición forzada y asesinato de los jóvenes.
Tras el último reporte presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), los padres de familia tuvieron evidencia de la colusión de miembros del Ejército con el crimen organizado.
“Ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia”, señaló el GIEI en su último informe.
En respuesta a esta preocupante denuncia, un tribunal federal emitió una orden que prohíbe a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llevar a cabo cualquier acción que implique la destrucción, depuración, eliminación, ocultamiento de documentos vinculados a la desaparición y asesinato de los 43 estudiantes.
El objetivo principal de esta medida es salvaguardar los derechos de las víctimas a la verdad y garantizar que la sociedad esté debidamente informada sobre casos que involucran graves violaciones a los derechos humanos.
El Vigesimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la Ciudad de México, emitió la orden en respuesta a la solicitud de suspensión provisional de amparo presentada por los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos.
La falta de transparencia por parte del Ejército llevó a 20 padres y madres de los normalistas a presentar un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, a cargo de la jueza Sandra de Jesús Zúñiga. Aunque inicialmente el amparo se desechó, el Vigesimotercer Tribunal emitió la orden de suspensión provisional.
Los padres y madres de los normalistas han alegado que existe evidencia concreta de que el Ejército ha estado ocultando información relevante en relación con el caso.
“La sociedad está interesada en que se conozcan las circunstancias del acontecer nacional que pudieran redundar en violaciones graves a derechos fundamentales”, destacó el juzgado.
Además del titular de Sedena, se encuentran entre los acusados por los familiares de los normalistas: el encargado del Estado Mayor, de la Jefatura y Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y el director del Centro Militar de Inteligencia.