Por Norman F. Pearl @NormanFPearl

El primero de diciembre del año 2000, Vicente Fox Quesada asumía la presidencia de México, él había contendido y ganado, por la coalición “Alianza por el cambio” que sugería otra forma de entender el equilibrio social.

Sin embargo, no fue así, rápido caería rendido al gran capital, que tomaría las riendas de este país, privilegiando como siempre a las familias perpetuas. 

Pronto conocimos a Vicente y sus debilidades, que eran graves y variadas. Sus limitadas capacidades culturales y sus nulas aptitudes del intelecto eran tan evidentes que sabíamos estaba impedido para conducir racionalmente a una nación, pero ya estaba elegido…

Felipe Calderón (que junto a Fox robara la presidencia y jamás lograra legitimarse) también llegaba con problemas mentales cuyo conocido y bochornoso origen tendría que haber condicionado su participación desde la candidatura. 

Sin embargo, la permisividad, indolencia e irresponsabilidad de su partido facilitarían llegara a la presidencia de la República “dando tumbos”. El resto es una historia que pudo haberse evitado.

Enrique Peña Nieto, producto exclusivo de la televisión mexicana, fue elegido más como un prototipo de la moda superficial imperante, que como un político con solidez alguna. 

Este personaje, pudo demostrar desde un principio que estaba hecho de “paja” y que sus alcances eran menos que restringidos. 

Su llegada al poder estuvo condicionado por compromisos con sus patrocinadores e “inversionistas”, que causaron un enorme daño al erario. La deuda pública y la corrupción crecieron de manera exorbitante.

Este gobierno también debió ser drásticamente reducido en el tiempo por la ciudadanía.

El pueblo pone, el pueblo quita

Como podemos ver, ejercer la democracia representativa, o votar para elegir entre partidos y candidatos, es entregar un cheque en blanco al gobernante, quien siempre se asociaría en el pasado con  las élites a costa de los ciudadanos.

Es por eso qué el presidente López Obrador, insistió toda su vida en la premisa de que la democracia estaría incompleta sin la participación directa (democracia participativa) de la población.

“En la democracia, el pueblo pone y el pueblo quita”, repetía en toda oportunidad, estimulando la posibilidad de que fuera instrumentada por ley la revocación de mandato en la cual él mismo sería calificado en marzo de 2022 por el país en su conjunto. 

Es así como los ciudadanos podrán deponer al presidente si este se hubiera deslegitimado o perdido la confianza del pueblo sin que sea necesario esperar el término de su periodo oficial.

La ley Reglamentaria para la revocación de mandato será propuesta, y se espera sea aprobada en el siguiente periodo extraordinario del Congreso de la Unión (Se conforma por una asamblea bicameral: 128 senadores y 500 diputados). 

La expedición de la ley Federal de revocación de mandato es necesaria para que el INE (Instituto Nacional Electoral) pueda iniciar con el proceso y se vote en marzo de 2022.

La pequeña oposición en México está dispersa y dubitativa:

En abril de 2020, Felipe Calderón aseguraba que su “organización” buscaría revocar el mandato del presidente López Obrador.

Más tarde, Gilberto Lozano, ex empleado del grupo FEMSA, declaraba que FRENA (“Frente Nacional Ciudadano”) enfocaría todas sus energías para poder deponer al “dictador” (Este señor no dimensionó que un dictador, según las conductas anteriores, podría encarcelarlo o desaparecerlo, pero para su fortuna eso terminó en México).

Este pasado 7 de junio, Gustavo de Hoyos, fundador de la organización “SI por México”, “concesionaria” de los partidos PRI, PAN y PRD, afirmaba con enorme convicción que en marzo de 2022 “se buscaría la “cesación” constitucional del presidente López Obrador.

Al mismo tiempo, empiezan a mandar señales contradictorias que rehúyen la consulta de revocación de mandato con reflexiones infantiles:

Luis Carlos Ugalde, quien fuera el árbitro de la contienda electoral en 2006 desde la presidencia del Instituto Federal Electoral, nunca ocultó su panismo, ahora es enviado a justificar la inconveniencia de la consulta con un desprecio por la inteligencia mexicana: 

“Una consulta de revocación implica muchos riesgos y afectaciones. Se vulneran los derechos políticos de quienes votaron por López Obrador para una presidencia de seis años”.

Resulta paradójico, el personaje que quebrantara la voluntad del pueblo en 2006 e impidiera el triunfo del actual presidente, ahora sea quien invoque respeto por la voluntad popular.

Por su parte, Claudio X González , coordinador de la oposición en México, ha cambiado de opinión:

“Ignorar al presidente es la mejor arma para desinflar sus afanes protagónicos y populistas”.

Está por demás decir que las posibilidades para que avance una potencial revocación al mandato del presidente son ridículas.

Sin embargo, la derecha no ha entendido el sentido de esta consulta tiene una connotación más amplia, profunda y duradera. 

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