La reforma avanza a su publicación en el DOF tras aprobación de congresos estatales. El gobierno busca reducir privilegios y hacer más eficientes las instituciones.

El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia electoral, conocida como Plan B de Sheinbaum, con lo que el proceso legislativo entra en su fase final.

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que se recibió el expediente enviado por la Cámara de Diputados junto con los votos aprobatorios de la mayoría de los congresos estatales.

Con ello, instruyó remitir el decreto al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y entrada en vigor.

Reforma electoral busca reducir privilegios

El Plan B de la reforma electoral plantea cambios en la organización de los gobiernos locales y el uso de recursos públicos.

Entre las modificaciones destaca que los ayuntamientos podrán integrarse con una sindicatura y un máximo de 15 regidurías, lo que implica una reducción en estructuras municipales.

Además, se establece que el presupuesto de los congresos locales no deberá exceder el 0.70% del gasto total de cada entidad federativa.

El objetivo es disminuir costos y hacer más eficiente el funcionamiento institucional.

Aval de congresos estatales

La reforma obtuvo el respaldo de congresos en entidades como Estado de México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México y Yucatán, entre otros.

Este respaldo permitió cumplir con el requisito constitucional para validar cambios a la Carta Magna.

El Senado formalizó así la aprobación del Plan B de Sheinbaum, que ya cuenta con el aval necesario para su promulgación.

Publicación en el DOF y entrada en vigor

Tras la declaratoria, el siguiente paso es la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Una vez publicado, el nuevo marco constitucional comenzará a aplicarse en todo el país.

El Senado sostuvo que la reforma responde a la necesidad de terminar con privilegios en la administración pública y mejorar la eficiencia de las instituciones.

La aprobación del Plan B marca un nuevo capítulo en la transformación del sistema político mexicano, con ajustes dirigidos a reducir estructuras y costos en los niveles de gobierno.