El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) refutó las acusaciones de corrupción lanzadas por Sanjuana Martínez contra la Secretaría del Trabajo y su titular, Luisa María Alcalde.
Sanjuana, exdirectora de Notimex había afirmado que le solicitaron un porcentaje de la liquidación de los trabajadores para financiar campañas de Morena.
AMLO defendió a Alcalde y Marath Bolaños, secretarios de Gobernación y del Trabajo, respectivamente, calificándolos como funcionarios ejemplares e incorruptibles.
“Creo que no es cierto”, declaró el mandatario, solicitando pruebas a Sanjuana Martínez para respaldar sus acusaciones.
La Secretaría del Trabajo desmintió categóricamente las afirmaciones, destacando que Sanjuana, mensualmente recibía su salario a pesar de la huelga en Notimex.
Además, negaron cualquier solicitud de fondos conocidos coloquialmente como “moches” para campañas presidenciales.
AMLO, reiteró su respeto hacia Martínez, pero la instó a presentar evidencia:
“Si tiene pruebas, no estoy yo limitando su libertad de expresión”.
El presidente subrayó la importancia de la verdad y la honestidad en el ejercicio público, mencionando los principios que guían su gobierno: “no mentir, no robar y no traicionar”.
Sin embargo, destacó que no se busca censurar a nadie, sino garantizar el derecho a la réplica.
Hasta ahora, Sanjuana Martínez no ha presentado pruebas que respalden sus alegaciones, y tampoco ha formulado denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade).
pero si contesto a los comentarios del presidente emitidos durante la conferencia matutina donde el mandatario le pidió pruebas del presunto acto de corrupción:
“El presidente @lopezobrador_ siempre defiende a sus funcionarios. Yo ya estoy fuera del gobierno. Fui leal, pero mi lealtad a mis principios y a los mexicanos es primero. Aquí les dejo mi respuesta a la carta aclaratoria de la @STPS_mx no más corrupción.”,comentó la periodista que encabezó la extinción de Notimex, agencia informativa que por decreto presidencial quedó liquidada en diciembre pasado.
El caso destaca la tensión entre la libertad de expresión y la responsabilidad de respaldar acusaciones serias en el ámbito político.