Por Gerardo Fernández Casanova / [email protected]

El pasado domingo 26 de febrero se manifestaron en número importante (entre 100 y 500 mil asistentes, según la fuente) los sectores que adversan al Presidente López Obrador y al proyecto de la Cuarta Transformación (4T). 

El lema de la protesta “Mi voto no se toca” y se reclama a la Suprema Corte de Justicia la declaración de inconstitucionalidad de las reformas de leyes secundarias en materia electoral aprobadas por las cámaras por mayoría simple (50%), esto después de que la reforma constitucional propuesta fuese rechazada por no alcanzar la mayoría calificada (66%). 

La reforma aprobada y promulgada sólo se refirió a asuntos de orden administrativo y organizacional no determinados en la Constitución, a lo que se conoció como el Plan B que busca esencialmente reducir el excesivo costo del aparato electoral, sin menoscabo de su eficacia. 

Por ejemplo: en los 300 comités distritales electorales y en los 32 comités estatales electorales, se reduce el número de vocales de 5 a 3, con lo que se eliminan 664 plazas redundantes; se reduce significativamente el número de asesores del Consejero Presidente, y se fusionan direcciones del aparato burocrático redundantes o duplicadas. 

Se deja intacta la estructura que atiende al Registro Nacional de Electores que emite la Credencial para Votar, en la que sólo se establece la recomendación de reducir los costos de renta de espacios, pudiendo aprovechar centros integradores de servicios públicos. No se toca la temporalidad de los servicios electorales que sólo registran actividad durante 9 meses de cada tres años o cada seis en los estatales.

Por su parte, los convocantes a la manifestación engañan con advertencias en el sentido de que se pretende desmantelar al Instituto Nacional Electoral; que López Obrador pretende reelegirse; que se pretende instaurar un régimen “comunista y totalitario tipo Cuba y Venezuela” y mil patrañas por el estilo. Pero, ojo, hay un sector de la población que así lo cree y se manifiesta.

La polarización existe y no es nueva. La figura de Andrés Manuel López Obrador ha sido objeto del rechazo de parte del sector conservador por el simple hecho de postular un Proyecto Alternativo de Nación en respuesta a una oprobiosa realidad, imperante desde hace mucho tiempo, resultante del modelo neoliberal que se impuso al mundo, causante del empobrecimiento de la mayoría y de la tremenda desigualdad social. 

El personaje fue objeto de furibundos ataques cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, fuese por las pensiones a los adultos mayores o por la construcción de viaductos elevados (segundos pisos), pero su popularidad o aceptación siempre resultó mayoritaria. 

Se le despojó del fuero constitucional por un asunto baladí y se le quiso someter a proceso judicial, lo que provocó una nunca vista protesta popular y el desistimiento de Vicente Fox, entonces presidente, cuyo único objetivo era el de destroncar la posibilidad de participar en la elección de 2006. 

Campaña negra

Frustrado este intento se armó una desmesurada campaña en su contra bajo el calificativo de “un peligro para México” orquestada por todo el sector conservador y de manera burda por las corporaciones empresariales; no obstante, recibió el voto popular mayoritario y sus detractores tuvieron que ejecutar un vergonzoso fraude electoral, cínicamente reconocido por el propio Vicente Fox, respecto del cual el oneroso aparato del entonces Instituto Federal Electoral guardó ominoso silencio. 

De igual manera sucedió en 2012 en que se registró y comprobó una gigantesca operación de compra de votos (Odebrecht como importante contribuidor). Lo mismo intentaron en 2018, pero la masiva votación popular rebasó con mucho al aparato fraudulento.

Para mayor información recomiendo el libro Lawfare de Arantxa Sánchez y corroborar el seguimiento “a pie juntillas” del manual de golpismo de la CIA.