La nueva Ley de Telecomunicaciones dar acceso a internet a personas que aún no tienen acceso a la red. Son alrededor de 15 millones de personas, explicó la presidenta Sheinbaum. 

Con el objetivo de garantizar el acceso universal a internet, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca conectar a 15 millones de personas que actualmente viven sin acceso a la red, ya sea por falta de cobertura o por carencia de recursos económicos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la nueva legislación representa un cambio profundo en el modelo de telecomunicaciones del país, con una orientación social, comunitaria y de combate a los monopolios. 

Una de las principales modificaciones consiste en la transferencia de funciones de competencia económica al nuevo organismo llamado Comisión Antimonopolio, lo que implica un rediseño institucional respecto al papel que antes jugaba el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuyas atribuciones serán asumidas por esta comisión, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) o la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Conectividad para todos

Según cifras del titular de la ATDT, José Antonio Peña Merino, 10.2 millones de personas viven en zonas sin cobertura y 4.4 millones más habitan en lugares con señal, pero sin medios económicos para contratar un servicio. La ley prevé soluciones para ambos grupos.

Una de las principales innovaciones es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrá prestar servicios de internet en igualdad de condiciones con los operadores privados, especialmente en regiones donde no existe cobertura, replicando un modelo de concesión similar al implementado en Brasil. Así, el programa CFE-Internet para Todos podrá extenderse con mayor facilidad.

Además, el uso público del espectro —la banda de frecuencias por donde viajan las señales de comunicación— estará destinado a instituciones gubernamentales y programas sociales como el de Conectividad para el Bienestar, que desde su creación ha distribuido 2.9 millones de tarjetas SIM gratuitas con datos móviles y minutos para llamadas.

Igualdad

Otro eje de la ley es la igualdad de condiciones entre empresas públicas, privadas, sociales y comunitarias. El acceso a infraestructura será compartido, con costos accesibles y no discriminatorios. Operadores pequeños o comunitarios podrán conectarse a las redes de los grandes operadores. También se contemplan beneficios como descuentos en el pago del espectro a empresas que ofrezcan cobertura en zonas rurales o en carreteras.

Las radios comunitarias y públicas serán fortalecidas mediante una reducción de requisitos para operar, especialmente en comunidades indígenas y afromexicanas. Además, tendrán la posibilidad de recibir patrocinios y publicidad de pequeños comercios locales, facilitando su sostenibilidad.

Derechos de usuarios

La legislación también recupera el derecho de las audiencias a recibir información veraz, y amplía los derechos de las y los usuarios, como la libre elección de dispositivos que permitan el uso de distintas tarjetas SIM y recargas en cualquier punto autorizado.

Asimismo, se establece el bloqueo obligatorio de señales en centros penitenciarios, a cargo de las propias empresas de telecomunicaciones, para evitar el uso ilícito de líneas móviles. Se incluyen también medidas para no perder recursos orbitales —como satélites— asignados a México, y se establecen planes de contingencia para su conservación.

Otro aspecto relevante es el ordenamiento del cableado, mediante lineamientos que obligan al retiro de instalaciones obsoletas o en desuso, con el fin de mejorar la imagen urbana y la seguridad.

Soberanía digital

La ley crea también un organismo colegiado desconcentrado de la ATDT, con independencia técnica, integrado por cinco consejeros propuestos por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, lo que dará supervisión especializada sin comprometer los objetivos sociales del programa.

En materia de soberanía, se modificó el artículo 210 de la iniciativa para establecer que ningún gobierno extranjero podrá difundir propaganda política, ideológica o comercial en México, salvo en los casos de promoción turística, cultural o deportiva. Además, se eliminó el artículo 109, que generaba confusión al relacionarse con la Ley del IVA para plataformas de comercio electrónico.

En suma, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión apuesta por una conectividad plena, equitativa y con enfoque de derechos, permitiendo que el internet y los servicios de radiodifusión lleguen a todos los rincones del país. “¿Es fuerte en términos de los cambios? Sí, pero es para el bien de México y de las y los mexicanos”, concluyó la presidenta Sheinbaum.