El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, confirma que la Corte de Apelaciones de Florida, Estados Unidos iniciará el juicio definitivo contra Genaro García Luna.

Con ello, se busca que García Luna devuelva 645 millones de pesos provenientes de una red de corrupción encabezada por el ex secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, agregó el titular de la UIF.

En la conferencia de prensa del presidente López Obrador, señaló que  aparte de Genaro García Luna, el gobierno de México ha presentado demandas contra individuos y compañías.

El titular de la UIF afirmó que tienen una lista que incluye a personas y empresas que han sido demandadas en dicho estado:.

Se trata de “directivos y empresas también han sido demandadas, porque fueron instrumentos, firmaron contratos y se llevaron el dinero”, dijo.

“El gobierno mexicano en la historia ha hecho muchas reclamaciones internacionales, pero un juicio de este tipo, de una trama de corrupción para recuperar el producto, no hay registro porque esta es una característica nueva que está teniendo México”, resaltó el funcionario.

Esta lista está compuesta por 12 demandados, de los cuales 8 son personas y 4 son empresas. Una de las empresas destacadas es Glac, la cual pertenece a García Luna y a su esposa.

Según Pablo Gómez , estas personas y empresas participaron en varias actividades dentro de una trama corrupta, resaltando una en particular: 

“Cobraron más de 16 millones de un supuesto adeudo por parte de la Procuraduría General de la CDMX, pero no hay papeles, no hay nada; solo llegaron, cobraron y se fueron”.

García Luna y su red de corrupción

UIF denuncia

Además, el titular de la UIF enfatizó que la corrupción de García Luna fue “transexenal”, ya que estas actividades no se limitaron a su periodo como secretario de Seguridad, sino que continuaron durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“La trama de García Luna es transexenal, no se limitó al tiempo en que fue secretario de Seguridad Pública, siguieron operando bajo el nuevo gobierno. Por lo tanto, las personas involucradas que se mencionan pertenecen a dos administraciones diferentes”, puntualizó Pablo Gómez Álvarez.