La Fiscalía General de México (FGR) pidió al Poder Judicial juzgar a los implicados en caso Ayotzinapa por crimen de Estado, debido a que hay limitantes para que se les condene.
Los implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa tendrán que juzgarse por crimen de Estado, conforme a las recomendaciones de organismos internacionales. Esta petición surge como respuesta a los desafíos encontrados para asegurar condenas de los implicados en el caso Ayotzinapa.
El informe anual de labores correspondiente al 2023, presentado por el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, ante la Comisión Permanente del Congreso mexicano, detalla los esfuerzos y los desafíos enfrentados en la búsqueda de justicia para los 43 estudiantes desaparecidos.
Según el reporte, jueces han liberado a 124 personas vinculadas con delitos como desaparición forzada, delincuencia organizada, tortura, secuestro y homicidio, entre otros.
Sin embargo, la FGR ha señalado que ha encontrado obstáculos significativos en el proceso judicial. Entre estos obstáculos se destacan la dispersión de los casos debido a la intervención de diversos juzgados ubicados en distintas entidades federales.
Así como la diversidad de criterios judiciales para evaluar la gravedad de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por los acusados, muchos de los cuales están bajo medidas cautelares de prisión preventiva.
En su informe, la FGR subrayó que el objetivo primordial de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (Ueilca) es esclarecer la desaparición de 43 estudiantes normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Se reveló que de las 17 órdenes de aprehensión emitidas contra presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes, solo se han ejecutado diez, siendo nueve de estas por el delito de desaparición forzada y una por delincuencia organizada. Esto deja pendientes aún siete órdenes por cumplimentar.
Además, el informe destaca que durante el 2023 se realizaron búsquedas de restos humanos en 43 sitios en el estado de Guerrero, donde se encontraron 663 fragmentos óseos en siete de estos lugares.
La colaboración establecida con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa (Covaj) fue crucial para estos hallazgos, que permitieron la identificación de restos correspondientes a tres de los estudiantes desaparecidos.