Por Gerardo Fernández Casanova / [email protected]     

Permítaseme dedicar estas líneas a dilucidar el significado del término soberanía, tan renombrado en los debates actuales en México y en el mundo. 

Se trata de una de esas palabras que, de tanto llevarlas y traerlas, llegan a cierto grado de desgaste y confusión. 

Por definición la soberanía es el poder supremo, que en las monarquías detenta el rey o monarca, y que en las democracias ejerce el pueblo. 

El primer documento formal de México en su lucha por la independencia fue la Constitución de Apatzingán dictada por el Congreso de Anáhuac en 1814, inspirada en “Los Sentimientos de la Nación” propuestos por Morelos.

A la letra define que: “la facultad de dictar leyes y establecer la forma de gobierno que más convenga a los intereses de la sociedad, constituye la soberanía” y que “por consiguiente, la soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional compuesta por diputados elegidos por los ciudadanos”.

Por definición la soberanía es la condición que guarda un estado o un organismo que no está sometido a otro estado u otro organismo. 

En otra expresión definitoria, la soberanía nacional es la capacidad de un pueblo para determinar, por sí mismo y sin injerencias ajenas o externas, su destino y la forma de conseguirlo. 

Tal capacidad no es absoluta: en una tiranía el pueblo está sometido por el tirano, o por una nación hegemónica imperial. 

Por ello, la lucha por la libertad es una lucha por la soberanía como lo plasmó el gran José María Morelos. 

Es importante subrayar que nadie va a hacer por nosotros lo que nos corresponde hacer y que, sólo por rarísima excepción, los intereses ajenos beneficiarán a los intereses propios.

Ahora bien, la soberanía nunca es total. Ni las personas ni los pueblos podemos convivir sin tener relaciones de interdependencia con otros. 

Vivir en sociedad implica ceder tramos de libertad

La más importante de las expresiones culturales es la civilidad, entendida como la forma en que los conjuntos humanos normamos las relaciones entre las personas o los grupos, comenzando desde las familiares hasta las nacionales, incluso las internacionales. 

La asociación implica necesariamente algún grado de cesión de soberanía. Hay asociaciones naturales, normalmente entre partes relativamente débiles, que ceden algún tramo de su soberanía para lograr una más fuerte en común (la unión hace la fuerza) de la que es ejemplo el sindicalismo que rompe la asimetría en la relación entre un patrón y un trabajador en lo individual.

También hay y abundan asociaciones perversas en las que una parte poderosa somete a una o varias partes débiles en menoscabo de su soberanía. 

Un ejemplo es la Organización de Estados Americanos (OEA) mejor conocida como el ministerio yanqui de las colonias; o los contratos de créditos entre naciones poderosas y países débiles, que están diseñadas para someter a los segundos.

El siglo XIX mexicano estuvo plagado de intervenciones militares o amagos de ellas por causa de contratos leoninos y perversos. 

El pasado siglo se padeció lo mismo, aunque sin las intervenciones militares, entonces fueron las de orden económico, menos cruentas pero de mayor perversidad, por la vía de las renegociaciones de la deuda externa que significaron la pérdida casi  absoluta de la soberanía, con la exigencia de la reducción del  estado o su completa desaparición en su papel de garante del desarrollo nacional. 

Los panegiristas de tales resultados llegaron a considerar a la soberanía nacional como un concepto arcaico ante un mundo globalizado.

Recuperar lo robado

Para traer el tema al debate nacional actual, relativo a la soberanía en materia de energía eléctrica, es preciso mencionar que la reforma energética de 2013 es producto de la exigencia perversa del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, en la que a las autoridades mexicanas sólo tocó jugar el papel de marionetas apátridas para ejecutarla, desde luego, no sin embolsarse carretonadas de dinero. 

El objetivo era entregar a los particulares nacionales, pero principalmente extranjeros, la totalidad del mercado eléctrico nacional y la eliminación de la soberanía nacional en tan estratégica e importante materia. 

Desde la promulgación de leyes ad-hoc, la creación de organismos autónomos de autoridad y la firma de contratos leoninos se tejió una enmarañada red de candados para obligar a la quiebra de la Comisión Federal de Electricidad, organismo del Estado creado por la Revolución mexicana para llevar el servicio a todo el país y ejercer la soberanía nacional en la materia.

La iniciativa de reformas constitucionales  presentada a las cámaras por el Presidente López Obrador corrige parcialmente el atraco perpetrado, recuperando la funcionalidad de la CFE sin menoscabo de intereses legítimos de empresas privadas actualmente en operación, de suerte de no dar lugar a litigios internacionales en arbitrios siempre favorables a las empresas particulares. 

Toca a los legisladores votar a favor o en contra de las reformas propuestas y tendrán que hacerlo ante el escrutinio popular. 

Es hora de definiciones: a favor del pueblo y de los intereses nacionales o a favor de las empresas y contra los intereses del pueblo y la nación. 

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