El cartel inmobiliario no es un término que cualquier persona pueda eludir aunque así lo disponga el árbitro electoral de la Ciudad de México. El cartel inmobiliario es una red de corrupción, que se forjó y enquistó, principalmente en la alcaldía Benito Juárez de la capital del país.

El cártel inmobiliario es una trama de corrupción que involucra a ciertos políticos como el conservador Partido Acción Nacional y empresas del sector inmobiliario. Especialmente centrada en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde el partido ha mantenido el poder desde el año 2000. 

Este entramado opera  mediante el intercambio de favores entre los políticos y las empresas constructoras. Quienes ofrecen dinero o propiedades a cambio de permisos de construcción irregulares, permitiendo así la edificación al margen de la ley. 

Todo este esquema se ejecuta a través de empresas ficticias y prácticas de extorsión. Se destacan entre los señalados los ex delegados de la alcaldía Benito Juárez, Mario Palacios, Jorge Romero y Christian Von Roehrich. Este último incluso llegó a ser prófugo de la justicia, emitiéndose una alerta a nivel internacional para su captura. Finalmente, Von Roehrich fue arrestado en Tamaulipas luego de un intento de huida hacia Estados Unidos.

El que nada debe

Hay que hablar del cartel inmobiliario. Hablar de esa red de corrupción, sus personajes con nombre y apellido, estén presos o libres. Incluyendo a quienes tienen aspiraciones políticas para ejercer cargos de elección popular, como el candidato Santiago Taboada. 

Intentar callar la realidad corrupta y contar con la complicidad del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), es atentar contra la sociedad. 

Y es que apenas en 24 de abril de 2024, el IECM emitió resoluciones “contra de diversas personas servidoras públicas del partido Morena”. Conminándolas a no usar “el término” cartel inmobiliario

A callar

El procedimiento especial sancionador (PES) emitido por el ECM es “por la probable vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda”.

Así como calumnia y propaganda negativa por diversas publicaciones en redes sociales realizadas por servidores públicos y otras personas. De las que se desprenden expresiones con contenido presuntamente calumnioso y negativo como “ Cártel inmobiliario”, “Cartel de la Corrupción”. Así como expresiones denostativas sobre la posible constitución de las conductas delictivas, tales como “Santiago Tajada” y “Santiago Tajada candidato de las mafias”.

Consecuente con esta determinación la Comisión dictó la procedencia de la medida cautelar solicitada. Además ordenó el retiro de publicaciones realizadas en redes sociales. Así como se abstengan de realizar publicaciones en cualquier red social o medio de comunicación. En donde se viertan manifestaciones de carácter calumnioso sin sustento jurídico en contra de Santiago Taboada Cortina. 

El punto es que el IECM no puede argumentar la carencia de “sustento jurídico”. Porque el entramado del cartel inmobiliario ha sido investigado y documentado copiosamente. 

Reza el dicho que quien nada debe, nada teme. De ahí que Santiago Taboada al solicitar se silencie lo que el IECM llama “término” es admitir que está implicado. Si no, a qué acudir para pedir protección. Cuando el río suena, Tajada lleva.