La presidenta Claudia Sheinbaum presentó iniciativas de reforma encaminadas a la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. 

La Jefa del Ejecutivo Federal, informó que las reformas son a la Ley General de Población y la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

El objetivo es agilizar las acciones de búsqueda, fortalecer la identificación de personas y garantizar justicia para las víctimas, dijo en conferencia de prensa en Palacio Nacional. 

Plataforma de identidad

Entre los cambios propuestos destaca la creación de la Plataforma Única de Identidad, una base de datos que integrará información biométrica vinculada a la CURP para permitir consultas inmediatas y cruzar datos en tiempo real. 

Esta herramienta será clave para la generación de alertas, búsquedas y localización de personas desaparecidas, dijo. 

Además, se fortalecerá la Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas, que obligará a las autoridades a iniciar de inmediato la investigación, sin esperar 72 horas. Este sistema permitirá integrar información de denuncias en todo el país y conectarla con otras bases de datos relevantes.

Banco de Datos Forenses

Las reformas también contemplan la ampliación del Banco Nacional de Datos Forenses, coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), para incluir registros de las Fiscalías estatales y asegurar la coincidencia de datos Antemortem y Postmortem. Este banco estará conectado directamente a la Plataforma Única de Identidad para agilizar los procesos de identificación.

Otro aspecto fundamental es la creación del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, que emitirá alertas inmediatas ante denuncias de desaparición, notificando a autoridades públicas y privadas para garantizar una respuesta rápida y coordinada.

Fortalecer Comisión de Búsqueda

Se prevé también el fortalecimiento de las Comisiones Nacional y Estatales de Búsqueda, dotándolas de mayores recursos y capacidades técnicas, así como la incorporación de particulares en la obligación de generar y compartir información útil para la búsqueda, como datos financieros, de transporte y telecomunicaciones.

Estas acciones buscan prevenir la desaparición de personas, mejorar la eficacia en las investigaciones y garantizar la colaboración interinstitucional para que las familias obtengan respuestas y justicia.