Será antes de concluir la presente legislatura, en abril de 2024, que la cámara de diputados resuelva cómo quedará la jornada laboral.
Tal fue el planteamiento durante la instalación de la mesa hacia la reforma laboral en la Cámara de Diputados donde establecieron como fecha tentativa para la aprobación de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
La iniciativa, que arrancó formalmente este lunes con la instalación de una mesa de trabajo, tiene como objetivo concluir antes de abril de 2024, marcando así el término de la 65 legislatura.
Con el respaldo de diversos sectores, incluyendo el empresarial, organizaciones sindicales y el gobierno federal, se creó la comisión de trabajo para el análisis de esta reforma.
Sin embargo, el camino hacia la aprobación no está exento de desafíos.
Los diputados de todos los grupos parlamentarios se han comprometido públicamente a respaldar la reforma a la jornada laboral antes de que finalice la legislatura.
Este compromiso incluye la disposición a modificar el proyecto original para incorporar el principio de gradualidad, una demanda enfatizada por el sector empresarial.
En respuesta, el sector empresarial ha advertido que su apoyo al dictamen está condicionado a la implementación de estrategias claras para fortalecer el empleo formal y al compromiso de productividad por parte de los trabajadores. Francisco Cervantes Díaz, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó la voluntad del sector empresarial, subrayando su colaboración en importantes reformas laborales en los últimos años.
Por su parte, Héctor Tejada Shaar, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), expresó su preocupación respecto a la falta de una exposición precisa sobre las potenciales afectaciones.
Expresó que la reforma de reducción de jornada laboral podría acarrear para los negocios, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Tejada Shaar advirtió que la disminución de la jornada laboral podría traducirse en una reducción de la disponibilidad de productos y servicios, menores ingresos para los trabajadores y un aumento en los costos para las empresas, las cuales se verían obligadas a contratar y capacitar a más personal para cubrir las horas reducidas.
Estas preocupaciones resaltan la necesidad de un análisis detallado de los posibles impactos económicos antes de la aprobación definitiva de la reforma.
Durante la instalación de la Comisión de Trabajo en Materia de Días de Descanso Laboral, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, señaló que su bancada está dispuesta a aceptar modificaciones que permitan alcanzar un consenso unánime en la votación de esta reforma.
Se trata, dijo Mier, de “construir una reforma que lleve la opinión técnica, jurídica y económica de todos los sectores que participan en el proceso laboral. Incluida la voz de los trabajadores para que los representantes en el Pleno podamos votar de manera unánime”.
Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), hizo hincapié en la importancia de este proyecto al afirmar que su aval es un asunto de “sí o sí”. El compromiso de lograr consenso con la oposición destaca la trascendencia de esta reforma constitucional para el bienestar del país.
“Tenemos que ponernos de acuerdo en cómo hacerlo de una manera en donde salgan ganando todos, tanto la parte empleadora como la parte trabajadora”.
La reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales se posiciona como una prioridad legislativa, con actores clave comprometidos en encontrar soluciones consensuadas.
La sociedad observa con atención este proceso, esperando que se traduzca en un cambio significativo en las condiciones laborales de los trabajadores en México.