La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala emitió una resolución para asegurar la asunción del presidente electo Bernardo Arévalo el próximo 14 de enero de 2024. Con este fallo se desafían las recientes acciones del Ministerio Público (MP) que han generado incertidumbre en el país.

Es así que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala emitió una resolución confirmando los resultados de los comicios pasados y ordenando que la transición de autoridades electas continúe según lo programado. Y asegurando así que el Bernardo Arévalo asuma el cargo de presidente, tal como fue elegido en las urnas por el pueblo de Guatemala.

El pleno de magistrados de este alto tribunal, mediante un amparo, instruyó garantizar la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo el 14 de enero de 2024, al tiempo que indicó al Ministerio Público (MP) que prosiga con las investigaciones en curso.

Abogados al quite

Esta decisión responde a una petición presentada ante la Corte por un grupo de abogados y ciudadanos preocupados por preservar el orden democrático del país, en respuesta a las recientes acciones del ente investigativo. 

Edgar Ortiz, destacado jurista y experto en riesgo político, lideró la petición que buscaba asegurar el cumplimiento de un amparo emitido el 6 de octubre pasado en relación con unos resultados electorales que se consideran inalterables.

Ortiz resaltó la importancia de la contundencia en las acciones, ya que hasta el momento existía incertidumbre sobre la transmisión del mando presidencial a Bernardo Arévalo. 

La petición instaba a la CC a establecer una hoja de ruta para la transición, involucrando distintos órganos que, según Ortiz, estaban interviniendo directa o indirectamente en el proceso.

Es por la democracia

La Corte subrayó la necesidad de preservar el régimen democrático del Estado, respetando los valores fundamentales de justicia, seguridad y paz, en particular el principio de alternabilidad en el ejercicio del poder. 

El amparo también exigió la realización de todos los procesos necesarios para garantizar la renovación de los integrantes del poder Legislativo, poder Ejecutivo y las municipalidades en las fechas establecidas por la Constitución.

A pesar de esta decisión de la Corte, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó el retiro del antejuicio contra el presidente electo Bernardo Arévalo el pasado viernes, acusándolo de posible lavado de dinero e implicando a dos diputados. 

Críticos escépticos

Esta solicitud profundiza aún más la crisis política en el país, generando críticas de analistas y diversas organizaciones locales e internacionales.

Analistas denunciaron la inusual declaración de “bajo reserva” en este caso, la persecución contra el partido Movimiento Semilla y la violación del Ministerio Público a la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Organizaciones locales e internacionales coinciden en deplorar estas maniobras, considerándolas una clara intervención contra la voluntad popular expresada en las urnas.

Este fallo de la Corte de Constitucionalidad busca restaurar la estabilidad democrática en Guatemala, enfrentándose a las acciones del Ministerio Público que, según críticos, han llevado a una crisis política sin precedentes en Guatemala.