El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que el Gobierno no está extorsionando a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por incrementar a 30 millones de dólares la reparación del daño.

AMLO consideró justa la cantidad solicitada para compensar el daño al erario público, afirmando que no se trata de una extorsión a Lozoya. Para él, la revisión del daño causado, que pasó de los 10.7 millones de dólares a 30 millones de dólares, es justo.

Es justicia no extorsión

Al pagar esta cantidad, Lozoya podrá continuar su proceso penal en libertad hasta que se dicte una sentencia definitiva.

La medida que, según el mandatario federal, busca hacer justicia y cumplir con lo establecido por la ley.

“Pienso que Pemex y la fiscalía están actuando bien. Considero justa la cantidad de reparación del daño, porque no es una extorsión. Es que si se revisa el daño causado al erario público, fue mucho”, afirmó AMLO.

Enfatizó que la devolución de recursos después de cometer delitos que afectan al erario público no era una práctica habitual en el pasado. Pero ahora su gobierno está combatiendo la corrupción en el país.

El martes 18 de julio, la audiencia del juicio contra Lozoya fue pospuesta hasta el 31 de agosto, ya que no se llegó a un acuerdo reparatorio con el Gobierno federal.

En una reunión previa a la audiencia, el Gobierno informó a la defensa de Lozoya que el monto solicitado como reparación del daño sería de 30 millones de dólares. Lo que fue tildado de “extorsión” por el abogado de Lozoya, Miguel Ontiveros.

Ontiveros consideró el aumento desproporcionado y discriminatorio hacia Lozoya y su familia, cuestionando el sustento para la modificación del monto.

Emilio Lozoya, quien fue director de Pemex durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se encuentra actualmente en prisión preventiva en el Reclusorio Norte. Enfrenta cargos por delincuencia organizada, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

El presidente López Obrador aseguró que la medida tomada es parte de los esfuerzos de su administración para limpiar de corrupción al país y aplicar justicia en casos que involucren desvío de recursos públicos.