El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos el 27 de septiembre de 2014, fue un crimen de Estado, no hay indicio de que estén vivos y el gobierno y el ejército pudieron impedirlo.

Tales fueron las conclusiones presentadas por el presidente de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia y Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, al rendir informe sobre el caso en Palacio Nacional.

“No hay indicio alguno que los estudiantes se encuentren con vida, por el contrario todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, asentó el funcionario.

Ante la presencia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, y del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, resaltó que los hechos ocurrieron con el conocimiento de autoridades de los tres órdenes de gobierno y ninguna hizo nada para evitar los delitos.

“Todas las autoridades estuvieron informadas de la toma de caminos, de la llegada a la central de autobuses, de la persecución de que fueron objeto, por lo cual las omisiones en las que incurrieron estas autoridades acreditan el nivel de responsabilidad ya sea por acción u omisión”, asentó.

Encinas destacó que las autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto, supieron de los hechos en ‘tiempo real’ y pudieron detener el crimen pero no lo hicieron.

Añadió que tras la revisión de expedientes, llamadas, mensajería, testimonios, archivos del ejército, videos y demás elementos que conforman la investigación, dan cuenta que las autoridades se coludieron con el grupo Guerreros Unidos para desaparecer a los estudiantes.

El nivel de complicidad incluso revela que la Sedena contó con un militar infiltrado, de nombre Julio César López Patolzin, quien era el encargado de informar de las acciones previas a la marcha del 2 de octubre. El infiltrado, dijo, es también uno de los desaparecidos. 

El funcionario informó que se han girado 33 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de aquel entonces, sin embargo, entre éstos no figura el ex presidente Enrique Peña Nieto, pese a estar al tanto del crimen y de la alteración de los hechos que derivó en la formulación de la llamada ‘Verdad histórica’.

Señaló que el informe dado a conocer a los medios de comunicación fue antes presentado a los padres y madres de las víctimas, quienes decidieron analizarlo previo a hacerse público.

El informe

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M21