Es como quitarle un pelo a un gato, reza el dicho popular. Así la resolución de Estados Unidos que ordena a Genaro García Luna, hoy preso por narcotráfico y delincuencia organizada, a devolver a México 44 millones de pesos. 

La resolución es resulta de la demanda civil contra Genaro García Luna, secretario de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. Los fondos provienen de la venta de propiedades ubicadas en Florida, específicamente tres departamentos pertenecientes al hoy preso.

La noticia causó entusiasmo por el Gobierno de México, ya que representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. La jueza Lisa Walsh respaldó la posición del Gobierno mexicano en la demanda contra García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra. La resolución de la jueza ordena la entrega de los activos de la empresa Delta Integrator, que presuntamente se utilizó para defraudar al Gobierno de México.

Victoria contra la corrupción

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que estos activos recuperados ascienden a 2.5 millones de dólares, y provienen de la demanda civil que se inició en septiembre de 2021. Además, la jueza determinó que se deben transferir tres inmuebles ya liquidados y otro departamento en Miami, Florida, cuyo precio aproximado es de 555.800 dólares.

En total, los 44 millones de pesos recuperados representan una victoria importante en la búsqueda de justicia y la recuperación de activos vinculados a la presunta corrupción de García Luna. Cabe destacar que esta es solo una parte de la demanda civil que busca recuperar 600 millones de dólares en activos, los cuales provienen de recursos de operaciones fraudulentas por la pareja.

¿Superpolicía?

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ha arrojado luz sobre la supuesta red de corrupción y lavado de dinero orquestada por García Luna, quien fuera condecorado como “súper policía”, en el periodo de Felipe Calderón. 

Se alega que el exfuncionario se benefició de contratos con diversas entidades gubernamentales de Seguridad Pública para desviar fondos a paraísos fiscales en el extranjero y adquirir bienes lujosos en Estados Unidos.

El anuncio de la recuperación de estos fondos es un paso importante en la lucha contra la corrupción en México y un mensaje claro de que el Gobierno de AMLO está comprometido en hacer rendir cuentas a aquellos que se enriquecieron ilegalmente a costa del pueblo mexicano.