El 84% de los casos se acogen a la defensoría de oficio, que tiene sobrecarga, mala paga y desvalorizados, de ahí la urgencia de la reforma, enfatiza Noroña
Diputados, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), abogados y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) se reunieron en el octavo foro de los diálogos nacionales sobre la reforma Judicial, organizado por la Cámara de Diputados. El tema central fue “Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía”.
En su intervención, Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, destacó la ineficacia de la defensoría en México, subrayando que el 84% de la población depende de defensores de oficio, quienes están “sobrecargados, mal pagados, y desvalorizados”. Indicó que el presupuesto del Poder Judicial es de 78 mil 326 millones de pesos, con solo cinco mil 787 millones destinados a la Suprema Corte, y la mayor parte al Consejo de la Judicatura.
Fernández Noroña enfatizó que la reforma judicial busca abrir oportunidades a trabajadores que podrían convertirse en juzgadores, mejorando así el sistema judicial.
El diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) resaltó la necesidad de justicia en los distritos más pobres de Coahuila, donde muchos ciudadanos permanecen encarcelados sin saber los motivos. Subrayó la importancia de que los diputados representen las necesidades de sus comunidades, apoyando la reforma por ampliar los derechos de las personas.
Hamlet García Almaguer (Morena) mencionó la importancia de una adecuada representación en tribunales, especialmente para las personas en situación de pobreza. Abogó por la especialización en el litigio, preguntando a los expertos sobre la necesidad de una colegiación especializada.
La reforma judicial, presentada por el Jefe del Ejecutivo en febrero de 2024, se discutirá en el Congreso en septiembre. Esta propuesta ha generado un intenso debate, subrayando la necesidad de una transformación que asegure justicia y equidad para todos los mexicanos, enfrentando la oposición de quienes buscan mantener sus privilegios.
Con la reforma judicial se busca empoderar a la ciudadanía y garantizar un sistema judicial justo y transparente, libre de influencias corruptas y centrado en el bienestar del pueblo.