En la recta final de la elaboración de las iniciativas de reformas constitucionales que serán presentadas el próximo 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció un nuevo plan de austeridad republicana destinado a financiar el aumento de las pensiones de los trabajadores.
Y es que actualmente las trabajadoras y trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) sólo reciben un porcentaje de su último sueldo previo a jubilarse.
“Nosotros vamos a aportar lo que nos corresponde y vamos a dejar una proyección; se va a hacer una corrida financiera, que es lo que se está trabajando, para lograr el objetivo de que el trabajador se retire, se jubile con su sueldo completo”, enfatizó.
“Sobre los recursos, la parte que nos corresponde a nosotros la vamos a obtener porque vamos a proponer más austeridad republicana”, anunció.
Recordó que su gobierno empezó con un plan de austeridad, “nos ayudó mucho, pero pensamos que todavía podemos ahorrar más. Entonces lo que ahorremos, para que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno, vamos a hacer un ajuste y ese ahorro va a destinarse a ese propósito” (las pensiones).
Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario mexicano sugirió la posible desaparición de algunos organismos autónomos creados en el pasado, argumentando que existen “estructuras improductivas” que fueron concebidas en contra de los intereses del pueblo para proteger a particulares y extranjeros.
López Obrador citó ejemplos concretos, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), señalando que su costo asciende a mil millones de pesos.
De ahí que propuso redirigir estos recursos hacia las pensiones de los trabajadores, y con ironía, cuestionó la utilidad de los organismos de transparencia, sugiriendo que se revisará el acuerdo de Coahuila para entender su función.
En cuanto a la financiación para el aumento de pensiones, el presidente indicó que se llevará a cabo una reunión privada con abogados y actuarios para realizar las correspondientes corridas financieras. Entre las iniciativas que se presentarán se incluyen reformas laborales, del Poder Judicial y en materia electoral.
El presidente resaltó la injusticia actual en el sistema de pensiones, donde solo los trabajadores y empresarios aportan, sin contribución alguna por parte del gobierno. Anunció la intención de corregir gradualmente esta irregularidad, proponiendo que el gobierno realice aportaciones para que los jubilados reciban una cantidad equivalente a su último salario como trabajador activo.
Anticipándose a posibles críticas, el presidente desmintió las acusaciones de algunos analistas que sugieren que el gobierno intenta apoderarse de los ahorros de los trabajadores, alegando que se trata de una política para corregir desigualdades y no de apropiación indebida.
En respuesta a comentarios en redes sociales que insinuaban intenciones deshonestas por parte del presidente, López Obrador negó ser un ladrón o corrupto, reiterando que su lucha está orientada hacia el bienestar de la población y la corrección de injusticias en el sistema de pensiones. El presidente concluyó reafirmando su compromiso con principios y la búsqueda de la justicia social.