Lima, 26 ene (Prensa Latina) La presidenta peruana, Dina Boluarte, por infracción contra la Constitución, enfrenta una acusación constitucional por las muertes registradas durante las persistentes protestas opositoras, confirmó hoy la congresista Ruth Luque, autora de la denuncia.

La denuncia está dirigida también contra el primer ministro, Alberto Otárola, y el ministro del Interior, Vicente Romero, y la denuncia señala que los tres sindicados han incurrido en “graves vulneraciones a los derechos humanos”.

Sostiene que Boluarte, Otárola y Romero han violado cinco artículos de la constitución por muertes registradas en la segunda ola de protestas en las regiones de Puno, Cusco y Arequipa.

También por la detención masiva de 193 estudiantes y marchistas llegados de esas y otras regiones a protestar en Lima, en el allanamiento de la Universidad Mayor de San Marcos.

Las acciones del gobierno contra las protestas, señaló Ruth Luque, “responden a una política sistemática de represión y de respaldo político continuo a las acciones policiales de los acusados en todas las instancias” pese a evidencias la represión desproporcionada y el uso ilegal de las armas, precisó.

Esa política, añadió, “quebranta los deberes constitucionales de respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales como fin del Estado, así como la exigencia de protección de los derechos humanos, entre otros bienes constitucionales”.

Luque presentó con anterioridad una denuncia similar en contra de los entonces primer ministro, Pedro Angulo, y ministros de Defensa, Alberto Otárola, e Interior, César Cervantes.

Los señaló como responsables de las muertes en la primera oleada de protestas, desatada tras la destitución y encarcelamiento de quien fuera presidente, Pedro Castillo, el 7 de diciembre.

La mandataria y varios colaboradores son objeto además de una indagación preliminar del Ministerio Público por presuntos delitos de genocidio y homicidio agravado, por la represión contra las protestas que hoy cumplieron su vigésimo día en diversas regiones.

Además, 46 abogados provincianos anunciaron que tienen lista una demanda ante la Corte Penal Internacional, contra la presidenta Boluarte, Otárola y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre, por crímenes contra los derechos humanos.

También contra los exministros del Interior César Cervantes y Víctor Rojas y los congresistas de derecha extrema Jorge Montoya y Patricia Chirinos, entre otros.

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