Por Gerardo Fernández Casanova / [email protected]

Uno de los temas de lucha por la transformación de la vida pública que, además, busca la conformación de un más depurado régimen de partidos, es el referente a la sucesión presidencial y, en general, los métodos para la selección interna de candidatos a puestos de elección popular.  

Tema que durante toda la historia de México Independiente ha sido causal de conflictos no siempre pacíficos. Durante la vigencia del PRI hegemónico en casi todo el siglo XX se mantuvo un pacto no escrito por el que las principales fuerzas políticas aceptaron un acuerdo tácito, mediante el cual se delegaba en la figura de la presidencia todopoderosa la decisión del sucesor en el cargo.

Medida por demás antidemocrática  y que se fue desgastando hasta el año 2000. En realidad  esta fue la piedra angular del sistema político.

La emergencia de los nuevos y viejos partidos políticos trajo como consecuencia serias dificultades a la hora de nominar candidatos, provocando rompimientos y dispersión de la oferta electoral, incluso gestados desde los partidos contendientes.

Todo ello en demérito del ejercicio de la democracia y de la sana participación ciudadana en las decisiones políticas.

La solución de este conflicto es una de los principales faltantes del proyecto de reforma electoral formulado por la Presidencia para la consideración del Poder Legislativo, siendo de importancia toral.

Es posible que haya privado el criterio de falta de tiempo para intentarlo o la amenaza de la oposición de no aprobar ninguna iniciativa presidencial de reforma constitucional por lo que resta del sexenio, aunque el tema puede resultar beneficioso para todos los partidos y pudiera generar un consenso.

El Presidente, por lo que toca a la coalición de partidos que lo apoyan, ha abierto el juego a los aspirantes para que se presenten ante la opinión pública y, desde ya compitan por la preferencia popular, y que mediante encuestas se determine el candidato a la Presidencia, método este último que, pudiendo ser eficaz para auscultar las preferencias populares, no deja de implicar cierto grado de subjetividad y, sobre todo, de ausencia del voto popular en la designación, lo que abre la oportunidad de desconocimientos de los participantes no beneficiados y de rompimientos.

Lo ideal es que sea el pueblo el que decida sobre tan delicado asunto. Ni Tapados ni dedazos.

Ya en artículo anterior me pronuncié por el sistema argentino, desde luego con adaptaciones a la realidad local, de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En todo el proceso el protagonista principal es el pueblo, la ciudadanía, que es un ideal democrático invaluable.

El sistema dispone que todo aspirante, persona, partido, alianza de partidos o grupos independientes, deban pasar la aduana de las PASO, según el cargo en disputa (nacional, estatal, municipal o circunscripcional) para ser votados de manera abierta a todos los electores, con un único voto por elector, independientemente de ser o no afiliados de partidos, y que se realicen simultáneamente para evitar interferencias entre partidos. Los más votados en cada partido o alianza serán los candidatos a registrar definitivamente para contender en las elecciones constitucionales.

En este proceso se registran los pesos relativos, se elimina a los no significativos y se tejen las alianzas programáticas, en condiciones de mayor calidad al haber zanjado las ambiciones personales; en todo caso se reduce a la negociación de posiciones administrativas.

Desde luego que tal procedimiento tiene que ser ejecutado por la autoridad electoral legítima, imparcial y de calidad ampliamente reconocida, lo cual implica que previamente se haya resuelto el tema constitucional de la conformación del nuevo Instituto de Elecciones y Consultas, lo cual no tiene viabilidad actual.

Pero yo veo serias dificultades en las dos grandes agrupaciones a enfrentarse en 2024: El movimiento de la 4T, apuntando hacia encuestas que no descartan los posibles conflictos, pero peor aún en la de Va por México, carente de personalidades de peso suficiente para la competencia, en el PAN, y con políticos del PRI con mayor trayectoria que no estarían dispuestos a ceder ante el PAN; estarán muy complicados. Esto puede pudiera serles que la solución tipo PASO les resulte de enorme importancia y abrir la negociación para la reforma electoral. De lo que se trata es de hacer buena política.

Otro  elemento a considerar es la disminución a 300 el número de diputados, por razones de orden de austeridad. Si el acierto de que la elección sea por la proporción de votos por partido a efecto de que abarque la más amplia representación, la reducción la pone en serios riesgos de verse imposibilitada. 

Habrá estados cuyo reducido número de curules deje fuera de representación a sectores minoritarios, o los casos de porcentajes menores a unidades completas, cuya compensación dejará siempre voluntades insatisfechas.

Así también en el desempeño de las tareas legislativas, habrá partidos incapacitados de contar con representantes en las comisiones legislativas que es donde se registra el debate y la conformación de los dictámenes.

Ojalá pueda hacer llegar esta aportación a quienes están trabajando el tema, sea por mi conducto o por el de mis amables lectores. 

Aún hay tiempo y pueden concertarse voluntades.

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