Postigo
Por José García Sánchez

Los medios en México insisten en afirmar que la sociedad está dividida. Sin embargo, nunca explican en qué proporción ocurre esa supuesta división. Para ellos, basta con que exista oposición para hablar de equilibrio democrático, aunque los números digan otra cosa.

Algunos columnistas aseguran que las opiniones sobre la aprobación de la Presidenta están divididas, pese a que mantiene un promedio cercano al 80 % de aceptación. Es cierto: una relación de 80 contra 20 implica dos posturas distintas, pero no una división equitativa. Presentarla como tal es faltar a la verdad.

Solo desde intereses personales puede sostenerse que existe una división en igualdad de condiciones cualitativas y cuantitativas. La división no significa dos bloques del mismo tamaño, aunque así lo pretendan comentaristas de derecha, nostálgicos del “chayote” y practicantes constantes de la ignorancia política.

La oposición, alentada por esta narrativa mediática, busca discutir de igual a igual con los grupos parlamentarios mayoritarios e incluso con el propio poder Ejecutivo. Pretende asumir un papel que no le otorgaron las urnas.

Ese debate podría ser enriquecedor si la oposición tuviera fuerza social real y una intención constructiva. No es el caso. Su objetivo no es mejorar las decisiones públicas, sino descarrilar al gobierno, como si el caos pudiera devolverle el poder que perdió electoralmente.

Ante su debilidad en las urnas, la oposición convierte su marginalidad en herramienta de sabotaje. Reclama influencia bajo el disfraz de la transparencia y la democracia, cuando en realidad busca intervenir en decisiones que corresponden legalmente al gobierno electo.

Ningún poder democrático comparte la totalidad de sus atribuciones con una oposición sin respaldo social. No existe gobierno que se someta a presiones de actores que intentan irrumpir en la vida pública por vías ajenas al mandato popular.

Los medios colocan una alfombra a la oposición. La presentan como interlocutor obligatorio en nombramientos y decisiones estratégicas, desplazando la voluntad ciudadana. Así, erosionan el principio básico de la democracia: que la mayoría decide.

En la práctica, los medios actúan como si la oposición gobernara. Le conceden más espacios que al partido en el poder, que además está obligado a rendir cuentas y a trabajar con datos reales, no con consignas.

Esta falsa “división de opiniones” construye un equilibrio inexistente. Confunde a la ciudadanía y presenta como autoritaria cualquier decisión basada en la mayoría, cuando en realidad es el principio elemental del sistema democrático.

Este fenómeno no es menor. Forma parte de una estrategia desestabilizadora frente a la reforma electoral y frente a cualquier iniciativa del Ejecutivo. Por ley, el proceso legislativo establece que una cámara origine la iniciativa y la otra la revise. Ese es el cauce institucional.

Sin embargo, en el caso de la reforma electoral, la Presidenta abrió un espacio previo de discusión. Convocó a representantes de la sociedad organizada. Se trata de un ejercicio de participación horizontal poco común en la historia política del país.

Aun así, exburócratas del INE, antiguos consejeros electorales, intentan colarse en ese proceso como si tuvieran un derecho adquirido. No lo tienen. La comisión está integrada por personas designadas por el Ejecutivo, sin obligación legal de otorgar cuotas a la oposición.

Existe, eso sí, una obligación ética: escuchar todas las opiniones. Y eso se está cumpliendo. Lo que no existe es el deber de ceder la conducción del proceso a quienes no lo ganaron en las urnas.

Durante décadas, las leyes se imponían desde el Ejecutivo y se aprobaban sin discusión. Hoy ocurre lo contrario: hay debate previo, participación social y deliberación pública. Esa es la novedad democrática.

Lejos de celebrarla, la oposición exige influir desde el origen de la iniciativa, como si la hubiera concebido. Argumenta que una reforma electoral solo puede surgir “desde la sociedad”, una idea que no aparece en ninguna ley, pero sí en su desesperación política.

No se trata de división social. Se trata de medios que fabrican una simetría falsa para sostener a una oposición en agonía, mientras intentan desacreditar la decisión mayoritaria de un país que ya eligió rumbo.