Por Gerardo Fernández Casanova / [email protected]
La salud es uno de los mínimos ineludibles de bienestar y, por consiguiente, un derecho humano fundamental para ser entregado por el Estado a su población.
El actual régimen lo asume como prioridad entre prioridades dado el grave deterioro registrado en la salud del pueblo, así como por la muy mermada capacidad gubernamental para atenderla, agravada por la más letal pandemia sufrida por la humanidad en los últimos muchos años.
Desde su inicio se planteó el compromiso de reconstruir un sistema de salud que garantizase:
Toda una manada de elefantes echados y, brincando entre ellos, un ejército de ratas corruptas dominando el sistema.
Sólo un pequeño pero muy calificado grupo de especialistas comprometidos con el cambio a profundidad emprendió la tarea.
El primer año, 2019, comenzó a instrumentarse el proyecto destinando un incremento del 40 por ciento de presupuesto público al sector salud, completando la construcción de hospitales y clínicas abandonados, abriendo espacios para la educación de personal médico, consolidando la compra de medicinas para abatir costos y evitar corrupción.
Así como impulsando medidas y campañas tendentes a corregir vicios en la cultura alimentaria de la población, causantes de enfermedades crónicas de diabetes, obesidad, hipertensión y varios otros daños.
Además, reemplazando el llamado “seguro popular” por la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), e iniciando el proceso de regularización del personal.
Al presentarse la pandemia la prioridad cambió para enfrentarla mediante una estrategia que procuró combinar la libertad personal con la convocatoria a tomar medidas de protección, especialmente el quedarse en casa y mantener la sana distancia.
Ello complementado por una súbita ampliación de los espacios, los equipos y el personal médico idóneo.
Un primer resultado a destacar es que en ningún momento se rebasó la capacidad de atención.
Con especial esmero se buscó en el mundo la posibilidad de adquisición de vacunas, aún antes de que estuvieran disponibles; esto permitió ser de los primeros países en contar con ellas y en aplicarlas a su población de manera ordenada.
Las muy lamentables defunciones, siendo numerosas y dolorosas, se mantuvieron dentro de estándares comparativos con el resto del mundo, entre los diez con menor letalidad.
La evitación es un indicativo imposible de medir; lo que pudo haber sido y no fue. En esta materia sólo es útil la comparación con otros en similitud de circunstancias y con parámetros similares.
La conclusión es que el efecto pudo haber sido mucho peor (en esta materia es absurdo hablar de mejor).
En esta materia se registró una pandemia colateral en todo el mundo: la desinformación y el manejo calumnioso de las noticias; en esta materia no dudo que México esté en primer lugar mundial.
No sólo no se reconoce el acertado manejo de la respuesta pública, sino que se le imputa por negligencia criminal.
Quien recibió del Presidente la encomienda de encabezar el esfuerzo, el Dr. Hugo López-Gatell, ha sido el blanco de los más inmisericordes denuestos y descalificaciones, incluso desconociendo los reconocimientos internacionales merecidos.
Hay maldad y criminalidad en los ataques, otra vez la evitación, cuánto tiempo perdido en responder para informar con veracidad a la población: ¡Ay, cuánto tiempo!
En el extremo de la estulticia indolente, un abogado que no puede presumir de honorabilidad, el tal Coello Trejo, se atreve a presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia por negligencia médica criminal. Eso sí que es un verdadero crimen.
Lo real es que México ha podido sortear la pandemia en libertad y que sólo los opositores al cambio actúan con tanta vileza.
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