Lavado de dinero, ingreso ilegal de armas, uso indebido de atribuciones y contratos irregulares son las investigaciones abiertas en UIF y FGR contra García Luna.
El caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, sigue y seguirá, debido a que la cauda de corrupción impactó profundamente a México.
A pesar de su condena a 38 años de prisión en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico, en México se siguen abiertas investigaciones que profundizan en su oscuro legado. El reciente anuncio de la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre nuevas indagaciones por delitos como lavado de dinero, ingreso ilegal de armas y contratos irregulares, no hace más que subrayar la magnitud de los crímenes cometidos bajo su mando.
Durante el gobierno de Calderón, se declaró una “guerra contra el narcotráfico”, pero irónicamente, el hombre al frente de la seguridad nacional colaboraba en la sombra con aquellos que debían combatir.
Sheinbaum es tajante al llamar a García Luna un “criminal” y destacar que las investigaciones en su contra, tanto por la Fiscalía General de la República (FGR) como por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aún están en curso.
Entre los casos más graves se encuentran el operativo “Rápido y Furioso“, que permitió el ingreso de armas ilegales a México; la asignación irregular de contratos para la privatización de centros penitenciarios; y, por supuesto, el lavado de dinero.
Este último punto es especialmente indignante, ya que involucra la asignación de 30 contratos irregulares que beneficiaron a empresas vinculadas a Jonathan Alexis Weinberg Pinto, por más de 600 millones de dólares. Las transacciones, realizadas a través de cuentas en Israel, Barbados y México, demuestran el alcance internacional de la red de corrupción que García Luna tejió con impunidad.
El gobierno de Calderón otorgó a García Luna un poder casi ilimitado, bajo la promesa de una cruzada contra el crimen organizado. Sin embargo, lo que el pueblo mexicano recibió fue un aumento exponencial de la violencia, mientras que el propio responsable de la seguridad se enriquecía a través de contratos corruptos y colaboraciones con cárteles de la droga. Este doble juego, que ahora se revela con mayor claridad, es una traición incalculable a la confianza pública.
El exsecretario no solo utilizó su puesto para obtener ganancias personales, sino que también permitió que su círculo cercano, incluidos familiares, se beneficiaran de contratos millonarios. A pesar de que 12 órdenes de aprehensión han sido ejecutadas, y 15 propiedades vinculadas a él han sido aseguradas, queda claro que el daño a la estructura estatal mexicana es vasto.
Aunque las investigaciones y los esfuerzos de la administración de Sheinbaum para recuperar parte del dinero desviado son pasos positivos, surge una pregunta inevitable: ¿Es suficiente? La magnitud del escándalo de García Luna es tal que no solo se trata de castigarlo a él, sino de enfrentar la complicidad sistémica que permitió que operara durante años sin frenos. Su condena en Estados Unidos, aunque simbólicamente importante, no soluciona los problemas estructurales que posibilitaron su corrupción.
Sheinbaum destacó en conferencia de prensa tras conocerse la sentencia, la importancia de solicitar la extradición de García Luna y su esposa. Sin embargo, es fundamental que las investigaciones en México se traduzcan en cambios más profundos en el sistema de justicia y en la rendición de cuentas de quienes, como Felipe Calderón, le dieron carta blanca para actuar con impunidad.