Por Gerardo Fernández Casanova

El proceso emprendido para la recuperación de la industria eléctrica para servir al interés nacional registró movimientos importantes en los últimos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica que promovieron un grupo de senadores, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el anterior gobierno de Colima; por tratarse  de una ley aprobada por ambas cámaras por mayoría, en la SCJN se requiere de una mayoría calificada de ocho ministros y sólo lograron siete.

Una minoría de cuatro ministros convalidó la referida ley y negó las solicitudes de amparo interpuestas.

Ante la posibilidad de que la LIE fuese declarada inconstitucional el Presidente envió al congreso una iniciativa de reforma constitucional en la materia, la cual fue ampliamente publicitada y debatida durante más de cinco meses, pero que no alcanzó el mínimo de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados por lo que fue rechazada.

En la iniciativa se agregó un articulado para confirmar la condición del litio como patrimonio nacional y disponía que sería en exclusiva el estado el encargado de la exploración, la explotación y el beneficio de este mineral estratégico para la transición energética.

Por este motivo y de manera inmediata, el Ejecutivo formuló una reforma a la Ley Minera en el sentido de lo no aprobado en la reforma constitucional, siendo la mayoría simple el requisito para su aprobación.

Dado que el asunto había sido ampliamente discutido en los meses anteriores se le dio tratamiento de urgente y obvia resolución, con lo que fue procesada en menos de 48 horas.

Se habló mucho del tema y se debatió poco. El asunto nodal de la confrontación, haciendo a un lado la politiquería,incluso la dizque ambientalista, estriba en la disputa entre el estado y el mercado en la conducción del desarrollo del país, subrayadamente el aspecto de la competencia.

El criterio de la minoría que detuvo la reforma es el de reducir al estado a su mínima expresión, para que sean las empresas particulares los principales actores. Por el lado de la iniciativa presidencial la prioridad radica en el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad como organismo del estado como actor preponderante, dotada de la capacidad operativa y administrativa para ello.

Es una muy añeja discusión con variaciones en el tiempo y en el lugar. Lo que me queda claro en esta historia es que las naciones más avanzadas surgieron de un estado fuerte y proteccionista de la actividad productiva de su economía: que, en la medida que fueron consolidándose se abrieron paulatinamente a la libre competencia, no antes. Nos quedan cerca en el tiempo los casos de Japón y China: su economía cerrada permitió una suficiente capacidad técnica e industrial para incursionar exitosamente en la competencia. México, en cambio, mantuvo un mercado parcialmente cerrado; se protegía a la industria contra las importaciones, pero se abrió a las inversiones principalmente las estadounidenses; de manera que nunca logró crear una industria sólidamente basada  en sus propias capacidades. Cuando vino la fiebre neoliberal, impuesta por los organismos financieros internacionales y la correspondiente globalización, el gobierno espurio de Carlos Salinas se colocó en la primera fila aperturista para fincar un proyecto nacional basado en la exportación al costo de sacrificar a la industria y al campo como pasto a la competencia depredadora del exterior y así fue profundizándose con la privatización del patrimonio nacional y la debacle del mercado interno, el empleo digno y la soberanía. 

La IV Transformación implica revertir todo este esquema perverso para atender prioritariamente el interés de la nación y de la población.

En la batalla por la soberanía eléctrica se logró apuntalar a la CFE y la depuración de tan importante actividad económica. Me doy por muy bien servido por el patriotismo de nuestros servidores públicos.

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