Por Gerardo Fernández Casanova / [email protected]     

El pueblo mexicano desea y exige el poder vivir en la tranquilidad y la paz, sin serle de  particular importancia quién se la proporcione y cómo lo haga; mientras en las alturas se desgarran las vestiduras para colocar candados y limitaciones al Presidente que goza de su mayor confianza. 

El pueblo no desea vivir en una guerra en la que le toque jugar el papel de “daño colateral” y pueda verse envuelto en masacres de combates entre policías y malandros o de los malandros entre sí. 

Desde luego tampoco desea padecer sometido a la invasión de su legítima libertad por una vigilancia militar intrusiva. Es en este marco en que se determina el estricto respeto a los derechos humanos garantizado por el actual gobierno y su proyecto transformador.

El diseño estratégico prioriza el abordaje de las causas de la violencia, con énfasis en procurar reducir la tremenda desigualdad que se padece, mediante programas sociales de carácter redistributivo de la riqueza, lo que apunta a una efectiva reducción de la violencia y a evitar la seducción de la juventud por las conductas antisociales. 

Aunque existen otras causas de diferente materia, como es la brutal magnitud de la utilidad en el negocio del narcotráfico.

Del otro lado de la pinza, relacionado con el uso de la fuerza, se construye un importante brazo del estado: la Guardia Nacional, entendida como instrumento disuasivo con presencia nacional, con fuerza numérica y táctica para actuar, previa una capacitación intensiva en la que se remarcan temas relacionados con los derechos humanos y la regulación en el uso de la fuerza. Este es un proceso que avanza firmemente pero sin precipitaciones. En tres años se han reclutado 115 mil elementos.

No obstante lo atinado de la visión estratégica de procuración de la paz aún no logra sus objetivos plenos. La tarea es harto compleja, se enfrenta a múltiples escollos de difícil y lenta solución. La corrupción y la impunidad ocupan la primera fila. 

Es aceptado que por lo referente a las fuerzas de combate al crimen, el tema de la corrupción está resuelto en alto grado; sólo por excepción se han registrado violaciones a los derechos humanos. 

El Comandante Supremo no ha ordenado ni permitido la represión al pueblo bajo ninguna circunstancia, eso está garantizado por el actual Presidente.

Donde se registran serias dificultades es en las fiscalías y en el poder judicial; ambos independientes entre sí y respecto del ejecutivo; todo envuelto en leyes y procedimientos complicados y tortuosos que propician la corrupción y facilitan su encubrimiento. 

Supongamos fiscales honestos, sin conceder, la asimetría entre un delincuente con capacidad de contratar una defensa medianamente eficiente es abismal: el defensor atiende uno o pocos casos, mientras que el fiscal acumula un cerro de expedientes por atender. 

Una fiscalía tiene que hacer acusaciones formalmente impecables, a riesgo de perder la litis y dejar el caso en la impunidad. 

En los mismos términos, supongamos jueces honestos, su actuación se imposibilita ante una carpeta intencionalmente mal armada por el fiscal. Pueden darse ambos supuestos, incluso coincidentes, pero también pueden coincidir en lo contrario: ambos pueden ser corruptos.

Me estoy refiriendo a casos de cierta importancia al alcance del conocimiento público. En el apabullante número de casos de la gente sin voz ni recursos, priva la indolencia y la extrema lentitud.

El cabo suelto que merece mayor atención es el relativo al inconmensurable negocio del narcotráfico, sin duda el mayor generador de violencia. Mientras exista el gigantesco mercado gringo y europeo no habrá poder que frene la ambición de negocio. 

Drogas, armas y poder corruptor. Tiene que encontrarse una fórmula mundial para combatirlo. Lo demás es onanismo puro y duro.

M21