Por Gerardo Fernández Casanova / [email protected]
La tormenta invernal que azotó al norte del Golfo de México provocó el congelamiento de las plantas y ductos de gas natural de Texas y, con ello, el estrangulamiento de la materia esencial para la generación eléctrica de las plantas de ciclo combinado en ambos lados de la frontera con el consiguiente apagón en un amplio sector del norte del país.
Por coincidencia, en el Congreso Federal se discute una iniciativa preferente del Presidente de la República tendente a corregir la Ley de Energía Eléctrica, hija de la malhadada reforma energética de Peña Nieto explícitamente diseñada para destruir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y entregar a los particulares, principalmente extranjeros, el mercado eléctrico del país; no sin la consabida y estridente batalla de tales empresas en contra del proyecto presidencial.
La coyuntura resultó providencial para poner al desnudo las falacias de los defensores de la privatización que, en parlamento abierto, pontificaron las excelencias de su sistema y satanizaron a la CFE y a la intervención del estado en materia de producción y distribución de electricidad.
El asunto es que, no obstante la magnitud y severidad del desastre, el estado y sus empresas energéticas lograron en menos de 72 horas restablecer la provisión de energía a las regiones afectadas.
Pusieron en operación todas las plantas ya destinadas a la chatarrización artificialmente forzada, operaron las hidroeléctricas a su capacidad de diseño y surtieron gas natural de producción nacional a las plantas paradas del norte del país.
Una verdadera hazaña técnica y operativa que deja a los privatizadores con la boca abierta pero taponada de realidades indiscutibles.
La próxima semana pasará y se aprobará la reforma legal propuesta por el Presidente y, en su caso, quedarán debidamente exhibidos quienes se opongan a ella.
Desde la crisis provocada por el embargo petrolero de los países productores del Medio Oriente (inicios de los setentas), el Gran Capital se inundó de liquidez (petrodólares) y los volcó al otorgamiento de créditos al mundo entero, mostrando la zanahoria de los bajos intereses, principalmente a quienes podían aumentar la oferta petrolera.
Cumplida la meta trazada salió a relucir el garrote con la caída súbita de los precios del petróleo y el aumento paralelo de las tasas de interés de los créditos otorgados.
Esto provocó la tremenda crisis de la deuda y la incapacidad de pago de los países que cayeron en el garlito (México entre ellos no obstante advertencias claras del gran Heberto Castillo) obligando a la reestructuración de las carteras mediante la intervención del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
Tales organismos, dominados por el Gran Capital, condicionaron la reestructuración a la adopción del modelo neoliberal, con la obligación de reducir la participación del factor trabajo en la composición de la renta nacional.
Así como de la retirada del estado de la actividad económica mediante la privatización de sus bienes productivos y la instauración del mercado como el único regulador de los precios y de la asignación de recursos.
No importó un pepino lo que pasara con los pueblos de los países así sometidos, incluso se acudió a golpes militares y a fraudes electorales para su imposición a rajatabla.
Con diferentes procesos e historias, los pueblos han venido mostrando su rechazo al modelo impuesto. No hay que olvidar la alborada emancipadora del siglo XXI en Nuestra América que lamentablemente terminó con el restablecimiento neoliberal en su segunda década.
En México la rebelión se materializó en 2018 en un proceso electoral contundente; la gente decidió enterrar para siempre al modelo y a sus gerentes.
En este año el pueblo mexicano deberá refrendar su decisión en las elecciones, tanto las de gobernadores como las de diputados.
Para seguir deshaciéndonos de las lacras del neoliberalismo, la energética entre ellas.
Que nadie se confunda por la propaganda mediática perversa. Que el pueblo vuelva a mostrar su capacidad soberana.
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