Nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al quite del gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien retomó sus actividades al frente de la entidad tras renunciar a la idea de contender en la elección presidencial de 2024.

El mandatario nacional advirtió que cualquier intento de destituir a Samuel García por parte del Congreso estatal o la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sería equiparable a un “golpe de Estado”. 

La declaración se produjo luego de que Samuel García decidiera no participar en la elección presidencial para retomar sus funciones como gobernador.

Jueces voraces

AMLO expresó su sorpresa por la decisión de la SCJN y señaló la rapidez con la que se emitió la resolución sobre la legalidad de la situación de Samuel García. Enfatizó que destituir a un gobernador electo democráticamente constituiría un acto extremo que desafiaba los principios democráticos.

“¿Hasta dónde quieren llegar?”

“¿Hasta dónde quieren llegar?”, cuestionó el mandatario federal, sugiriendo que la situación podría interpretarse como un intento de socavar la voluntad popular expresada en las urnas.

López Obrador calificó el caso de Samuel García como “politiquero” y afirmó que la oposición, especialmente representada por el PRI y el PAN, liderada por Claudio X. González del bloque conservador, se lanzó contra el gobernador del Movimiento Ciudadano para evitar su candidatura presidencial. 

Sostuvo que el objetivo de la oposición es dividir las simpatías de las clases medias.

Samuel, gobernador

El sábado pasado, Samuel García anunció su decisión de no participar en la contienda electoral por la presidencia de México, a pesar de la resolución de la SCJN que validó la designación de Luis Enrique Orozco en su cargo. García compartió el acuerdo a través de sus redes sociales, explicando su elección de no hacer efectiva la licencia que lo separaría de su cargo como gobernador.

El ambiente político en Nuevo León se encuentra tenso, mientras la polémica en torno a Samuel García continúa, generando debate sobre los límites de la intervención legal en los procesos electorales y la estabilidad democrática en la región.