Por César Montes / Desde la cárcel de Guatemala*

A partir de la muerte de tres marinos, heridos otros tres en Semuy 2, El Estor Izabal, Guatemala, se declaró el estado de sitio durante 30 días en El Estor y otros 21 municipios de seis departamentos en el noroeste del país. 

Cientos de soldados y policías fueron desplegados en El Estor y esos 21 municipios de la zona cercana al mar caribe. 

Las fronteras con Honduras y Belice se han convertido en corredor de la droga desde Colombia rumbo a los Estados Unidos pasando por los carteles mexicanos. 

Algunos efectivos de la marina del ejército guatemalteco, en la aldea Semuy 2, conocida como Chajmaik por los campesinos indígenas quekchíes la mayoría monolingües y analfabetas en esa zona, llegaron a la zona y pasaron rodeando la zona enmascarados con pasamontañas en una zona exageradamente caliente, lo que causó temores y cuestionamientos de los aldeanos. 

Al volver los marinos después de buscar infructuosamente una pista clandestina, intentaron cruzar la aldea que se encontraba reunida para la vacunación contra el COVID. 

Los pobladores en ese momento los increparon por la razón de encontrarse en la zona donde durante 25 años nunca hubo incursión alguna de policía nacional civil ni mucho menos del ejército. 

El alcalde del Estor en declaraciones oficiales sugirió que hubo un malentendido de la comunidad ante la presencia de los militares que generó temores e indignación porque no coordinaron esas acciones con las autoridades locales como está normado en las zonas indígenas.

El gobierno y el ejército dijeron que se trataba de una emboscada por parte de la población aliada al narcotráfico, algo que es usual en otras zonas del país, pero totalmente sin antecedentes allí. 

Técnicamente no se puede denominar emboscada al choque o encuentro no preparado previamente entre dos fuerzas, ya que necesita información previa; si no existe información y planificación previa no es considerada en ningún ejército del mundo como emboscada. 

Se afirma con mucha fuerza que se trataba de una operación ilegal y corrupta de esos efectivos militares que pretendían lo que se denomina como “tumbe de drogas”, que comprende confiscar secretamente un cargamento de droga que posteriormente se revende a los narcotraficantes conocidos en la región lo que les genera ingresos muy generosos a los jefes de la patrulla y del apostadero del puerto lacustre del lago Izabal, el más grande del país. 

No será la primera operación ilegal de la marina del ejército en la zona, pues se sabe incluso de incautaciones de cargas lanzadas al lago para posteriormente recogerlas con lanchas rápidas de los narcos que son interceptadas previamente por la marina y reportado parcialmente lo incautado o esconderlo ante la opinión pública y los medios de información.

Existe un corredor libre al narcotráfico que viniendo de la Isla de San Andrés o desde Colombia misma, entra por el mar caribe, remontando el Río Dulce hasta el lago Izabal. 

Las pistas que por los medios periodísticos llaman clandestinas no lo son, porque están registradas ante aeronáutica civil la organización rectora de esas actividades como propiedad de la empresa Naturaceites y que son usadas regularmente por algunos de los carteles colombianos o mexicanos. 

Todo esto no se podía decir en época de los narcogobiernos de Jimmy Morales o de la dupla conformada por Miguelito Martínez y su pareja sentimental el expresidente Giammattei. 

La narrativa del tipo de armas usadas en contra de los militares muertos fue demostrada como falsa por el propio informe de las autopsias realizadas a los tres difuntos dando por resultado que recibieron impactos de escopeta calibre 12 y 16 así como de rifle 22. 

“En el campo, la gente tiene escopetas y rifles 22. Nuestra gente no tiene armas AK 47”, dije en su momento tratando de aclarar el incidente en el cual me encontré ausente y a más de 125 kilómetros de distancia.

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*EXIJO MI LIBERTAD INMEDIATA PORQUE FUÍ SECUESTRADO POR UNA BANDA DE DELINCUENTES MEXICANOS PAGADOS POR LOS NARCO GOBERNANTES DELINCUENTES DE GUATEMALA BURLÁNDOSE DE LAS AUTORIDADES MEXICANAS Y DEL DERECHO DE ASILO QUE YA TENÍA.

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*César Montes es uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) de Guatemala, la primera organización guerrillera. Fue el líder en 1966 de esta organización, pero después se desvinculó de la guerrilla. Actualmente se encuentra detenido en Guatemala por su presunta participación en el asesinato de tres soldados del Ejército guatemalteco, ocurridos en 2019. Está condenado a más de 100 años de prisión. El presidente López Obrador ha reclamado el indulto.