Por Gerardo Fernández Casanova / [email protected]  

El Presidente López Obrador  ha otorgado atención prioritaria al combate a la inflación por la vía más correcta: la procuración del aumento en la producción de alimentos y su distribución, considerados como causantes del mayor impacto inflacionario, a diferencia del recetario neoliberal de frenar la actividad económica aumentando las tasas de interés que aplica de manera autónoma el Banco de México. El sentido común asiste a la estrategia presidencial.

No obstante lo anterior, en opinión de quien esto escribe, la concentración del esfuerzo en la concertación de compromisos con el sector privado comercial reviste ángulos de alta inconveniencia: se deja a su discreción la observancia de regulaciones sanitarias y se les conceden grados de libertad para importar alimentos más baratos, donde los encuentren, por un tiempo definido. 

La base es la confianza y la suposición de que los empresarios cuidarán lo que es responsabilidad del estado cuidar. 

Es plausible la ya añeja idea de AMLO en el sentido de eliminar al máximo las inspecciones de todo tipo que se practican sobre la actividad de los particulares a base del cumplimiento de buena fe empresarial. 

Es plausible en razón de la lápida de corrupción prevaleciente en la práctica de inspectores de todo tipo: sanitarios, fiscales, de transportes, etc. que debe eliminarse a base de sanear su operación, pero la inspección es una función fundamental para el cumplimiento de leyes y reglamentos, cuya inobservancia es fuente de pingües ganancias particulares y, frecuentemente, altos daños a la colectividad.

Hay que tener mucho cuidado para que la libertad y la confianza no sean motivo de daños mayores.

Me preocupa el caso de la tortilla

Considero erróneo fincar el esfuerzo en las dos empresas fabricantes de harina de maíz y en las tiendas de autoservicio, cuando el 80% de la demanda la satisfacen los molinos y tortillerías que nixtamalizan el maíz, principalmente debido a la preferencia del consumidor. 

No obstante los intereses corruptos que han tratado de harinizar la industria, el molino y la tortillería sobreviven por nuestra cultura y buen gusto, incluso el lujo de la tortilla hecha a mano. 

La CONASUPO administraba el subsidio al maíz para molinos y tortillerías de manera que, no obstante corruptelas y burocracias, mantuvo estable el precio de la tortilla a las familias mexicanas, hasta que los tecnócratas lo eliminaron, con lo que el precio  ha sufrido aumentos hasta del 600%.

La comercialización del grano, incluida la infraestructura de almacenamiento, se entregó a los monopolios (Cargill y MASECA) en perjuicio tanto del campesino productor de maíz como de los molineros de nixtamal. Nadie ganó sino únicamente los monopolios.

Lamentablemente SEGALMEX, creada por la actual administración, registró graves errores de diseño y además quedó en manos de funcionarios corruptos.

El error de diseño consistió en su concepción como apoyo social a los pequeños productores y no como un mecanismo de regulación del mercado del principal alimento nacional. 

Cabe recordar que desde el gobierno del Presidente Cárdenas se atendió este asunto con la Comisión Reguladora del Maíz, posteriormente mejorada como Comisión Exportadora e Importadora de Maíz (CEIMSA) para finalmente convertirla en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) con López Mateos. 

Es materia obligada para el estado social de derecho el intervenir mediante subsidios en el mercado del maíz, de manera de asegurar precios justos al campesino productor y a las familias consumidoras.

Con perdón de la crítica pero el esquema propuesto sólo significa beneficiar a MASECA y a las grandes tiendas. Ojalá se corrija.

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