La Cámara de Diputados aprobó con 456 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la Ley General contra la Extorsión, una iniciativa que busca homologar este delito a nivel nacional, fortalecer la coordinación entre autoridades y garantizar una respuesta efectiva del Estado frente a este tipo de crímenes.

De acuerdo con el dictamen aprobado, la nueva legislación establece penas que van de 6 a 25 años de prisión, además de multas económicas proporcionales al daño causado. Asimismo, la ley determina que el delito de extorsión se perseguirá de oficio, lo que permitirá una actuación más ágil y sin necesidad de denuncia directa por parte de las víctimas.

La iniciativa también contempla mecanismos para proteger a las personas afectadas y a sus familias, evitando la revictimización y garantizando acceso a la justicia. Además, se busca fortalecer las capacidades de investigación y persecución penal mediante la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

Durante la sesión ordinaria, diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas destacaron que la aprobación por unanimidad refleja unidad en torno a un problema que afecta a millones de mexicanos, tanto en el ámbito urbano como rural.

El nuevo marco legal también establece la creación de un Registro Nacional de Extorsión, con el propósito de concentrar información y generar políticas públicas preventivas.

La Ley General contra la Extorsión pasará ahora al Senado de la República para su revisión y eventual aprobación final. Con esta medida, el Congreso de la Unión busca cerrar el paso a uno de los delitos más extendidos y dañinos para la economía y la seguridad del país.