Columna de opinión: Ingeniería Política
Por: Aldo San Pedro

En 2027, mexicanas y mexicanos acudirán a una elección sin precedentes que no se explica como un salto al vacío, sino como el punto donde confluyen los aprendizajes acumulados de dos décadas de vida democrática. Las intermedias aportaron operación estable; los procesos locales fortalecieron capacidades estatales; la elección judicial de 2025 reveló fallas que deben corregirse; y los ejercicios de consulta mostraron que la participación crece cuando hay pedagogía clara.

Ahora, todas esas rutas desembocan en una sola jornada donde la ciudadanía tendrá más poder que nunca y donde el Estado deberá demostrar que puede administrar complejidad con orden, claridad y legitimidad.

La magnitud de lo que viene permite dimensionar el reto. Estarán en disputa 17 gubernaturas y 500 diputaciones federales, además de las renovaciones de congresos estatales y ayuntamientos en buena parte del país. Se sumará la segunda mitad de las elecciones judiciales federales y locales previstas en los transitorios constitucionales, lo que implica votar por juezas y jueces de distrito, así como por magistradas y magistrados de circuito.

La escala territorial y administrativa de esta jornada exigirá que el sistema electoral opere con precisión quirúrgica, pues cada boleta tendrá reglas, tiempos de cómputo y procedimientos distintos.

El antecedente inmediato es la elección judicial de 2025, que funcionó como ensayo general. La falta de recursos redujo casillas, los comités de evaluación aplicaron criterios dispares, las lagunas normativas obligaron al INE a emitir acuerdos de emergencia y las sentencias judiciales intervinieron en etapas críticas.

Todo ello reveló la urgencia de simplificar boletas, homologar criterios, fortalecer capacidades y uniformar procesos. Para 2027, estas correcciones no serán un lujo; serán condiciones mínimas para que la ciudadanía ejerza su voto con certeza en un contexto donde deberá distinguir boletas políticas, judiciales y, posiblemente, de democracia directa.

La operación no se definirá solo por el número de cargos, sino por la logística del llamado “voto total”. En muchos territorios, cada persona podría recibir hasta ocho o más boletas, lo que obliga a rediseñar materiales electorales, reforzar capacitación en casillas y desarrollar una estrategia de comunicación que explique, con lenguaje simple, qué se vota, cómo se llena cada boleta y qué diferencia existe entre una elección legislativa, un proceso judicial y un ejercicio de control político.

Sin esa pedagogía, la complejidad puede convertirse en confusión; con ella, la jornada puede transformarse en un ejercicio histórico de madurez democrática.

En medio de este escenario aparece la propuesta de adelantar la revocación de mandato presidencial para celebrarla el mismo día de la elección intermedia. Más allá de la disputa partidista, esta idea podría abrir un punto de inflexión para la presidenta Sheinbaum.

Superar ese proceso en 2027, cuando aún persisten estructuras territoriales fuertes, reforzaría su legitimidad y ampliaría su margen de maniobra para imprimir un sello propio a su gobierno. También permitiría reorganizar el gabinete y reducir inercias del sexenio anterior, configurando un liderazgo más autónomo y menos condicionado por la operación permanente de movilización política.

La super elección de 2027 no será solo un reto logístico: será la prueba de si México puede convertir una complejidad inédita en una afirmación de madurez democrática. Si el Estado articula reglas claras, pedagogía efectiva y coordinación institucional, la jornada no se recordará como abrumadora, sino como el día en que el país mostró que podía votar por todo y, al hacerlo, consolidar un sistema más claro, más legítimo y más capaz de sostener su propio futuro.

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