Lorenzo Córdova exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dice que no tiene cola que le pisen y está dispuesto a enfrentar el juicio político.

Aunque así sea, el juicio del pueblo y de la historia ya lo tiene. Su actuar a favor de la derecha, el dinero y los poderosos deja claro que su tarea como funcionario nunca estuvo del lado del pueblo. Así que no está demás tomarle la palabra y llevarlo a juicio.

Y es que Lorenzo Córdova expresó su postura ante la reciente revisión de solicitudes de juicio político en la Cámara de Diputados, declarando que está “listo” para responder. 

Morena me va a linchar, dice

Lorenzo Córdova señaló que considera el juicio como un intento de “linchamiento” en su contra, promovido por Morena y sus aliados, y argumentó que su situación legal lo exenta de dicho proceso.

Revisión de solicitudes de juicio en la Cámara de Diputados

Recientemente, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados anunció que retomará la revisión de diversas solicitudes de juicio político pendientes. Según Hugo Eric Flores, presidente de la Comisión Jurisdiccional, existen al menos ocho casos en esta situación, entre los que se incluye a Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI; Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR); y Lorenzo Córdova, ex presidente del INE, quien dejó su cargo el 3 de abril de 2023. 

Esta información fue difundida en medios de comunicación nacionales y confirmó la intención de revisar procesos contra funcionarios y exfuncionarios de distintos sectores.

La postura de Córdova: “El que nada debe, nada teme”

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Córdova indicó que, según su interpretación del artículo 114 de la Constitución mexicana, el juicio político solo puede proceder durante el periodo en que el funcionario ejerce el cargo y hasta un año después de su término. 

Argumentó que su caso ya no es procedente, pues él cumplió con su función en el INE desde el 3 de abril de 2014 hasta el 3 de abril de 2023, periodo que ya ha concluido. No obstante, expresó estar dispuesto a comparecer ante el Congreso si se aprobara una reforma constitucional que permitiera dar continuidad a dichos juicios políticos en situaciones similares:

 “Estoy listo para acudir a las cámaras legislativas para atender las audiencias que para dicho procedimiento establece la Constitución y entablar una conversación respetuosa con ellos. El que nada debe, nada teme”.

A o lo mejor no teme, pero sí debe 

Información de la revista Contralínea, revela que Lorenzo Córdova fue notificado de 24 observaciones no solventadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su administración, incluyendo 16 acciones correctivas y ocho preventivas, relacionadas con convenios que implicaron 54 millones 733 mil 416 pesos. 

Dichos fondos, destinados a actividades de “observación electoral”, fueron firmados con organizaciones internacionales, asociaciones civiles y universidades tanto públicas como privadas en los procesos de 2015, 2018 y 2021.

A estas observaciones se suman las acusaciones de Morena, que señalan a Córdova de haberse extralimitado en sus funciones y de haber puesto en riesgo la imparcialidad del INE en las elecciones del 6 de junio de 2021. 

Estos señalamientos se fundamentan en el artículo 109 de la Constitución y en la Ley de Responsabilidades Administrativas, la cual incluye como motivos de juicio político el ataque a instituciones democráticas, el menoscabo a la libertad del sufragio, la usurpación de atribuciones y cualquier violación a la Constitución o a las leyes federales.

Contexto y posibles implicaciones

El juicio político contra Córdova plantea un debate sobre los límites de la responsabilidad de los exfuncionarios y su posible rendición de cuentas. La resolución de la Cámara de Diputados podría sentar un precedente en cuanto al alcance de la responsabilidad administrativa y legal de quienes han dejado sus funciones.