Por Correo Gerardo Fernández Casanova / [email protected]
Mucho se ha escrito respecto de la obra de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con seriedad, reconociéndolo como el mejor presidente de la historia junto con Juárez y Cárdenas.
Hoy sólo quiero referirme al enorme significado de la aprobación de la iniciativa del presidente AMLO para la reforma al Poder Judicial, como culmen de la primera etapa de la profunda transformación del país.
Comienzo por recordar el discurso pronunciado en el acto de la entrega de la constancia de Presidente Electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el 8 de agosto de 2018, cuando expresó con rotundez:
“El ejecutivo no será más el poder de los poderes” y fincó en ello la creación de un real Estado Democrático de Derecho.
Este afán se hizo patente durante toda la administración, no obstante que el poder judicial fue reacio a corresponderle; por el contrario, fue ahí donde se atrincheró la más rancia oposición al ejecutivo y se fraguó la permanente amenaza del golpismo.
Entonces ya era de tiempo atrás indispensable una reforma al poder judicial y se procuró que fuese ese propio poder quien se auto reformara; bajo la presidencia del ministro Saldívar se intentó con escaso éxito; el diferendo respecto de los desmedidos sueldos de lo juzgadores fue un escollo insalvable.
Terminada la presidencia de Saldívar se impuso la Ministra Norma Piña, después de una sucia embestida contra la Ministra Esquivel con el falaz argumento de plagio en su tesis profesional. La belicosidad de la Sra. Piña alcanzó niveles de desmesura y su afán golpista se hizo de manifiesto.
Andanadas de amparos otorgados a diestra y siniestra pretendieron obstaculizar la obra pública y hasta el poder legislativo fue objeto de los agravios intromisorios del poder judicial. Se asumió como el nuevo poder de los poderes y último baluarte del poder conservador en el país.
López Obrador fue, tal vez en exceso, escrupuloso para no caer en desacato alguno a las resoluciones judiciales. Esa era la provocación para propiciar el golpe de estado técnico a nombre de la ley (law fare) ya muy detallado en los recetarios de la CIA y demás agencias del injerencismo extranjero (léase USA). Los intentos de reformas por la vía legislativa se abordaron por acciones de inconstitucionalidad dictadas por jueces y ministros.
López Obrador optó por jugarse el todo por el todo para dejar un gobierno liberado de tal rémora. El 5 de febrero de 2024, justo en la conmemoración del Aniversario de la Constitución de 1917, enumeró la retahíla de reformas constitucionales aplicadas durante el régimen neoliberal para borrar el contenido social de la Carta Magna y anunció el envío de veinte iniciativas de reforma tendentes a restituirlo; le llamó el “plan C” y con ello dotó de contenido concreto a la campaña electoral en desarrollo.
Los y las candidatas de la Coalición de MORENA y sus aliados se desplegaron por todos los rincones del país a explicar el objetivo transformador y convencer del voto a su favor; la fuerza del pueblo todo se desplegó para lograr lo que se consideraba imposible: lograr la mayoría calificada en ambas cámaras del congreso federal y en las legislaturas estatales.
Con Claudia Scheimbaum a la cabeza y con el prestigio de AMLO de respaldo, el pueblo comprendió su decisivo papel en el proyecto y respondió a cabalidad. De manera impoluta se dio el proceso electoral de forma inatacable, incluso por el judicial, se logró una verdadera hazaña histórica que fortifica el afán transformador pacífico de México.
Aún antes de instalarse la nueva legislatura, la saliente elaboró el dictamen en comisiones de la iniciativa de reforma judicial, para entregarla a la nueva legislatura de mayoría calificada de la 4T. Esta la proceso con aseo y velocidad y el día de hoy ya recibió el respaldo de las legislaturas locales suficientes para su promulgación.
La reacción conservadora es feroz y riesgosa, incluidos los apoyos extra fronteras. Intentaron reventar las sesiones legislativas de manera violenta, afortunadamente sin éxito; permanecen en la calle numerosos grupos de trabajadores del poder judicial en paro de labores, pero sin perder el salario diario. No se les ha reprimido ni hostigado. Ya se cansarán ante la ineficacia. El pueblo observa y está a la expectativa, pero sabedor de que la violencia no es la ruta.
Lo importante ahora es que Andrés Manuel López Obrador entrega el gobierno a su sucesora, tal vez alborotado, pero libre de los chantajes de los juzgadores que no quisieron ser parte afirmativa de la historia. Enhorabuena México, lo lograste.