El exgobernador de Puebla, Mario Marín, el “gober precioso”, liberado bajo la controvertida práctica del “sabadazo”.

Acusado de ser el autor intelectual de la tortura contra la periodista Lydia Cacho, quien expuso una red de trata de infantes, Marín recibió un cambio en su medida cautelar, otorgándole libertad condicional.

La jueza Segunda de Distrito, en un movimiento que ha desatado una ola de críticas, dictaminó que los cargos por tortura no ameritan prisión preventiva. En su lugar, Marín deberá pagar una fianza de 100 mil pesos, lo que es una clara señal de la corrupción que aún pervive en el sistema judicial mexicano.

Justicia corrupta

El presidente Andrés Manuel López Obrador abordó el tema durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señalando nuevamente las deficiencias del Poder Judicial. En el marco de la discusión sobre la reforma constitucional al Poder Judicial, presentada por su administración en febrero pasado, López Obrador arremetió contra la oposición por negarse a apoyar la iniciativa.

El “sabadazo”, una táctica conocida por permitir la liberación de delincuentes durante el fin de semana para minimizar la cobertura mediática, lo criticó por el mandatario, quien lo calificó como un reflejo del nido de corrupción que aún existe dentro del sistema judicial.

Liberando delincuentes

Este caso ha reavivado el debate sobre la urgencia de una reforma judicial en México, en un momento donde la confianza pública en las instituciones de justicia está en su punto más bajo. La liberación de Marín no solo ha indignado a la sociedad civil, sino que también ha puesto en jaque la integridad del sistema legal mexicano, subrayando la necesidad de cambios estructurales que garanticen una verdadera justicia para todos.