Washington, (Prensa Latina) La campaña de un candidato presidencial en Estados Unidos se ensombreció por la violencia armada y es lamentable tanto como conocer que el pistolero, Thomas Matthew Crooks, del mitin del expresidente Donald Trump en Pensilvania tuviera apenas 20 años.
Las preguntas, al menos para esta reportera, acerca Thomas Matthew Crooks y el acceso al fusil tipo AR que accionó por ocho veces en el rally del exmandatario van a la par de los cuestionamientos sobre cómo es posible que esta sociedad haya desarrollado una cultura basada en la violencia.
El joven Crooks, cuyas fotos y videos emergen en medios locales, contaba también con material explosivo dentro de su automóvil y su residencia, informaron fuentes policiales.
Crooks residente de Bethel Park, a unos 56 kilómetros al sur de Butler, donde se celebraba el rally de Trump; graduado de Bethel Park High School en 2022 y registrado como republicano, según un listado de votantes de Pensilvania, se desconoce todavía qué motivó que abriera fuego contra el expresidente (2017-2021) justo minutos después de comenzar su discurso.
Cuando “dejó de ser una amenaza” -frase utilizada para informar que fue eliminado por un francotirador del Servicio Secreto-, una persona que asistía al mitin murió, dos resultaron gravemente heridas y el Presidente 45 recibió un balazo en la oreja derecha (lo cual confirmó luego en su red Truth Social).
Más allá de motivaciones políticas, la violencia con armas de fuego omnipresente en Estados Unidos ha dejado pocos lugares ilesos a lo largo de las décadas. Se calcula que hay unos 120 de esos artefactos letales por cada 100 ciudadanos, de acuerdo con la organización suiza Small Arms Survey.
Triste récord: Ninguna otra nación tiene más armas civiles que personas y eso lo evidencia además un sondeo de Gallup de octubre de 2020, cuyas estadísticas se mantienen en el entorno en 2024.
Los datos arrojaron entonces que alrededor del 44 por ciento de los adultos estadounidenses viven en un hogar con un arma, y aproximadamente un tercio posee una personalmente.
El pasado 25 de junio el cirujano general de Estados Unidos, doctor Vivek Murthy, admitió en un anuncio histórico que la violencia con armas de fuego constituye una crisis de salud pública, que no sólo tiene un costo físico grave, sino también mental.
“Desafortunadamente, el problema ha seguido creciendo”, advirtió Murthy, citando que el 54 por ciento de los adultos en los Estados Unidos afirman que ellos o un miembro de su familia han experimentado un incidente relacionado con un arma de fuego.
Pero la Asociación Nacional del Rifle (NRA por su sigla en inglés), una organización que defiende el derecho aquí a portar armas, se opuso a esta declaración.
Se trata de “una extensión de la guerra de la Administración (de Joe) Biden contra los propietarios de armas que respetan la ley”, dijo Randy Kozuch, director ejecutivo del Instituto de Acción Legislativa del grupo, su brazo de cabildeo.
A juicio de Kozuch lo que tiene Estados Unidos es «un problema de delincuencia que impulsan delincuentes” y la renuencia a procesar y castigar a los criminales “por parte del presidente Biden y muchos de sus aliados es la causa principal de ello. Es un hecho simple”.
Pero el propio candidato Trump ha hecho gala en su campaña de una agenda que pronostica una versión reforzada de su primer mandato en asuntos como la defensa de las armas de fuego.
“Les prometo esto: conmigo en 1600 Pennsylvania Avenue, nadie pondrá un dedo sobre sus armas de fuego, tal como ocurrió durante cuatro años cuando yo era su presidente”, fue el compromiso del exmandatario previo a un evento a principios de años de la NRA en Harrisburg, justo en Pensilvania.
Trump, señalado como un miembro destacado de la NRA, adelantó que adoptará protecciones más fuertes para los derechos de la Segunda Enmienda -que permite por la Constitución a los estadounidenses portar un arma de fuego- si es reelegido en noviembre.
Para algunos observadores, las condiciones socio-históricas que perfilaron una cultura de veneración y posesión de las armas son las que hacen más difícil su regulación en Estados Unidos.
Crooks -¿las investigaciones podrán concluir por qué quiso asesinar a Trump?- tenía un AR y 20 años. Ya no es una amenaza.
Prensa Latina/oda/dfm