En plena mañanera balconearon a los jueces que beneficiaron al narcotraficante Caro Quintero y al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte. 

Durante la presentación del informe Cero Impunidad, ofrecido por el gabinete de Seguridad del gobierno de López Obrador, Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhibió a los jueces Hortensia García Ramírez y a José Fernando Quiroz.

Finísimas personas

Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dejó al descubierto las acciones controvertidas de dos jueces que han causado revuelo en el ámbito judicial y político.

Rodríguez Bucio informó que la jueza Hortensia García Ramírez ordenó -sin celebrar una audiencia de revisión de medidas cautelares-, dejar sin efecto la prisión preventiva del exgobernador Duarte. Esta decisión permitió que el exmandatario, quien enfrenta cargos por peculado agravado y otros delitos relacionados con un presunto desvío de 120 millones de pesos, cumpliera su sentencia en prisión domiciliaria desde el 5 de junio.

“La jueza, sin una audiencia de revisión, el 4 de junio ordenó a la autoridad penitenciaria estatal que a partir del 5 de junio se dejara sin efecto la prisión preventiva que cumplía el exgobernador,” detalló Rodríguez Bucio, poniendo en el centro de la polémica la integridad del proceso judicial seguido en el caso de Duarte.

Puro narco

Con relación a Caro Quintero, el juez José Fernando Quiroz salió a relucir por otorgar una suspensión de plano que impide su extradición a Estados Unidos. El líder del cártel de Guadalajara lo requirieron las autoridades estadounidenses por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena.

“El juez García Quiroz concedió una suspensión de plano a Rafael para que las autoridades se abstuvieran de ejecutar en su contra la petición de extradición al Gobierno de los EE.UU. y que cesaran todo acto prohibido por el Artículo 22 constitucional,” señaló Rodríguez Bucio. Además, el juez ordenó a las autoridades informar sobre el cumplimiento de la suspensión en un plazo no mayor de 24 horas y estableció la audiencia constitucional para el 26 de junio.

Estos señalamientos se dan en un contexto de creciente presión para que el sistema judicial mexicano demuestre transparencia y firmeza en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

Las decisiones de los jueces García Ramírez y García Quiroz han generado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la independencia y efectividad de la justicia en el país.