Ayotzinapa: Gobierno acusa móvil político en liberación de militares
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Gobierno de México manifestó su rechazo a la liberación de ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El gobierno de México manifestó su firme rechazo a la liberación de ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La determinación del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México desató controversia. Siendo calificada por el ejecutivo como una maniobra con motivaciones políticas, con la aparente intención de desacreditar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Hace como 15 días, porque ya veíamos venir, igual que la liberación del procurador. ¿Y qué buscan? Dos cosas: Una, desprestigio al Ejército. ¿Por qué razón? Porque no quieren que haya una institución independiente, soberana; quieren tener —los que están detrás moviendo los hilos— una institución sometida”.
“Y lo segundo, hacerme quedar mal. Pero pues yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores inmorales, farsantes. Toda esa caterva de hipócritas”, resaltó el presidente López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.
Politiqueros
El gobierno sostiene que la decisión judicial no se basa en argumentos jurídicos sólidos. Sino que parece estar impulsada por consideraciones políticas. Que podrían socavar los esfuerzos del ejecutivo en la búsqueda de justicia para las víctimas.
El Ejecutivo manifestó su descontento con la actuación de los magistrados, a quienes acusa de obstruir y entorpecer el desarrollo del proceso.
La liberación de los militares mina la credibilidad de la institucionalidad del país. Comprometida con la resolución de este caso que data de septiembre de 2014.
El gobierno federal considera el caso Ayotzinapa como un asunto de Estado. Y anuncia su intención de solicitar a la Fiscalía General de la República la emisión de nuevas órdenes de aprehensión contra los acusados.
Entre los liberados se encuentran el subteniente Omar Torres Marquillo. Los sargentos Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas y Gustavo Rodríguez de la Cruz. Así como los cabos Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz.
Puras fallas
Como parte del proceso, el gobierno detalló los fallos cometidos por estos militares. Como la absolución de 62 implicados que, según denuncias, los torturaron. Y la tentativa de liberar al exprocurador Jesús Murillo Karam, lo que intensifica la gravedad de la situación.
“Imagínense, interviene la comisión de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego las organizaciones supuestas defensoras de derechos humanos. Ellos intervienen para que se elabore una sentencia y se libere a los responsables. Con el argumento tortura Y, sí, algunos habían padecido de tortura, pero otros no. Y liberan como a 60”.
“Y luego de esos liberados. ¡Ah!, cuando sacan la resolución, aplausos de los defensores de derechos humanos. Que, a la vez, supuestamente defienden a los padres de los jóvenes. O sea, quienes promovieron la libertad de los que habían participado en la desaparición de los jóvenes son, al mismo tiempo, los supuestos defensores. Defensores de los padres de los jóvenes de Ayotzinapa”, cuestionó.
Por la justicia
El gobierno reafirmó su compromiso con la legalidad, el derecho a la verdad y la justicia para las familias de los jóvenes, víctimas de desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014. El caso sigue siendo un recordatorio contundente de los desafíos que enfrenta México en su búsqueda de justicia y transparencia en el sistema judicial.
