Por César Montes / Desde la cárcel en Guatemala
El 19 de mayo de 2022 estudiantes ocuparon las instalaciones de la única universidad nacional en Guatemala, la Universidad de San Carlos (USAC). Protestaban por el fraude cometido para elegir al rector por métodos absolutamente ilegales. Una elección realizada fuera del campus universitario, en un sitio donde no dejaron entrar a los opositores al actual rector impuesto ilegalmente.
El 9 de junio del 2023 después de 285 días, devolvieron las instalaciones de la USAC para que se impartieran clases. No hay que olvidar que durante la pandemia de COVID en Guatemala, las instalaciones estuvieron sin atención en su limpieza y reparaciones, sufriendo deterioro.
Ahora, son acusados de esa falta de atención en ellas, con las evidencias de sitios con falta de pintura, una papelera casi llena de basura de hojas secas acumuladas. Concluyendo las evidencias, son basura.
Son académicos y estudiantes acusados de usurpación agravada, sedición, asociación ilícita, atentados contra sitios de patrimonio cultural, depredación del patrimonio cultural de Guatemala.
La respuesta de los estudiantes de la Universidad San Carlos y la opinión pública nacional ha sido de repulsa e indignación. Muchos están estupefactos ante tanta ignominia. Es inaudito -dicen-, algo nunca visto, es despreciable.
Lo más inaudito es que se quiere vincular injustamente el caso, al apoyo al binomio presidencial integrado por César Bernardo Arévalo y Karin Herrera, ya declarados electos.
El objetivo es convertirlos en sujetos procesables y lograr así que pierdan su derecho al antejuicio y sus cargos a pesar de ser el binomio considerado por el Tribunal Supremo Electoral como legalmente electos.
Es una de las medidas desesperadas de una minoría gobernante en Guatemala, que se saben seguramente procesables por el alto e insultante proceder corrupto nunca visto en Latinoamérica y el mundo.
Las acusaciones no tienen sustento. No encontraron forma de respaldar las acusaciones de sedición, asociación ilícita, usurpación agravada, destrucción del patrimonio cultural y otros delitos. A otras personas las acusan de tráfico de influencias.
El primer día de la audiencia el proceder del fiscal del Ministerio Público (MP) fue insoportable, molestó a todos, incluido el juez quien tuvo que tuvo que señalar que debía cambiar su exposición hastiante en el seguimiento de la audiencia.
En Guatemala, donde no existe independencia de poderes, está claro que este enjuiciamiento y criminalización lo ordenó el rector electo fraudulentamente. Seguro que ahora utiliza los fondos de la USAC para comprar fiscales del Ministerio Público, e incluso jueces venales que abundan en las cortes.
Aún más grave es que ya el Instituto de Ciencias Forenses es sus conclusiones indica:
“No se encontró evidencia concreta que implicará que las personas indicadas por la Fiscalía indujeran a la toma de las instalaciones de la USAC. Lo que libera al binomio presidencial electo y confirmado de tener algo que ver en la ocupación de los edificios de USAC”.
Sin embargo, eso no ha modificado la saña con la que se lanza el desprestigiado MP en su contra.
Como evidencia, el día 21 de noviembre debía graduarse el destacado estudiante Javier de León Gómez. El juez encargado del caso autorizó la salida del estudiante al acto de graduación. Pero el fiscal del MP se opuso vehementemente argumentando peligro de fuga en la más mezquina actitud.
Por tal razón se ordenó por parte del juez que se celebrara su graduación en el centro penal del Mariscal Zavala por medio de videoconferencia. Al momento que estén leyendo este texto ya se realizó su graduación con toga en prisión, siendo sus compañeros detenidos sus padrinos, quienes son autoridades y docentes de la única universidad pública del país.
Sin ser pesimista, sino rigurosamente objetivos, lo previsible es que los dejen en lo que se llama prisión preventiva y que el Ministerio Público pida tres meses para investigar el caso. Eso los dejaría detenidos en Navidad y Año Nuevo, afectando a sus familias. Una saña implacable que representará un suplicio hasta el 14 de enero. Aquí seguiremos con ellos y con todos los que este agonizante gobierno corrupto encarcele.
*César Montes injustamente detenido, preso y condenado a 175 años de cárcel, es el último guerrillero revolucionario del siglo veinte. Desde distintos países del mundo llegan firmas para que la justicia guatemalteca revea su situación y lo libere. Mientras tanto escribe desde su encierro y PREGUNTAS publica sus recuerdos y reflexiones que interpelan críticamente a una sociedad que no atina a reaccionar frente a la embestida de la derecha. (Nota del Editor de PREGUNTAS). *Este testimonio, publicado por el Semanario PREGUNTAS, se reproduce con permiso del autor.