El gobierno del presidente López Obrador hará público el informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Esto representa un giro significativo en el caso de los 43 estudiantes víctimas de desaparición forzada en la noche trágica de Iguala, Guerrero, donde se presume la intervención del ejército mexicano.
López Obrador anunció que hará públicos los documentos, luego de una reunión celebrada el lunes pasado, en la que los familiares de los estudiantes rechazaron recibir el informe presentado por el Gobierno.
“Hoy vamos a entregar, porque no quisieron recibir el informe ayer, nosotros queremos que se conozca el informe porque me entregaron un escrito pidiéndome información de documentos que supuestamente el Ejército no ha entregado y pidió al secretario de la Defensa un informe detallado que me entregó”.
El mandatario también expresó su desacuerdo con la versión proporcionada por los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, quienes alegaban falta de cooperación por parte de la Sedena.
En cambio, López Obrador afirmó que los militares “han ayudado mucho en esclarecer estos casos”. Asimismo, criticó las declaraciones de Vidulfo Rosales, abogado de los familiares, señalando que exageró o se confundió.
“El abogado salió a decir, desde luego respeto su punto de vista, no lo comparto, de que lo que se le dijo aquí fue algo muy similar a la llamada Verdad Histórica, Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios e ideales”.
Y es que el abogado de los familiares de las víctimas, afirmó tras la reunión en Palacio Nacional del 25 de septiembre de 2023, que el gobierno de López Obrador está ofreciendo una narrativa similar a la llamada “verdad histórica”, donde se criminaliza a los estudiantes.
Como se recordará, la versión presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto, conocida como la “verdad histórica”, sostenía que policías corruptos habían detenido a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos.
Dijeron que posteriormente los habrían asesinado e incinerado en el basurero de Cocula. Sin embargo, según el abogado de los familiares de las víctimas, las cosas han cambiado.
Se ha señalado que existen elementos probatorios en poder de los militares que no han sido revelados, y que la narrativa actual presentada por el Gobierno se asemeja más a la “verdad histórica” que a los nuevos hechos. Esta narrativa sugiere que los estudiantes estaban infiltrados y que el conflicto se originó en una disputa entre dos facciones del crimen organizado, eximiendo de responsabilidad al Ejército, relató el abogado de las víctimas.
Los documentos que se pondrán a disposición del público estarán disponibles en la página oficial del Gobierno e incluirán: