Manifiesto 21. Mayo 22, 2023.- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno de la República, Pablo Gómez, reveló que Sonia Varga, actual Directora de Administración del Consejo de la Judicatura, firmó una serie de contratos ilegales por más de 71 millones dólares, en la gestión de Genaro García Luna como Jefe de la Policía Federal.
“En el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por 71 millones 600 mil dólares de los Estados Unidos”, informó.
Durante la conferencia de prensa del presidente López Obrador, el funcionario agregó que “todos los contratos fueron hechos en dólares, ningún contrato cubrió con los señalamientos en relación con hacer investigación de mercado a pesar de ser de seguridad nacional”.
Como resultado de las investigaciones, se detectó que también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo firmas de millonarios contratos con las mismas empresas, lo cual revela un entramado de corrupción dedicado a extraer dinero de las arcas de la nación.
“Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de extracción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares, no es una cantidad menor, es una cantidad muy grande”, resaltó luego de presentar un par de listas con nombres, fechas y montos.
Por lo que el gobierno mexicano ya ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y el dinero, para que a través de un juicio civil, sea restituido a México todos estos recursos.
“Esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano. Estamos insistiendo de parte del gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y a través de la Procuraduría Fiscal para que esto sea debidamente procesado”, dijo.
De todas las personas involucradas en la extracción del dinero “personalmente firmaron los contratos y, por lo tanto, autorizaron las erogaciones”, explicó.
En las listas exhibidas mencionó a Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de Policía Federal Preventiva quien autorizó un contrato por 69 millones 100 mil dólares; Facundo Rosas Rosas, comisionado general de Policía Federal, por 25 millones 875 mil dólares de los Estados Unidos; Humberto Martínez González, director general de Apoyo Técnico de la Policía Federal, por 37 millones 875 mil; Rafael Avilés, jefe de la división de Fuerzas Federales, 2 millones 500 mil dólares; Luis Cárdenas Palomino, titular de la división de Seguridad Regional, 2 millones 500 mil dólares; Roberto Cardozo, director general de Recursos Materiales, por 12 millones de dólares; Eduardo Enrique Gómez García, que era director del organismo de prisiones, con 56 millones 121 mil 595.
Cada una de estas cantidades son atribuibles a cada una de las personas que firmaron el contrato, explicó.
En tanto el periodo del 1 de diciembre del 2012 al 30 de noviembre del 2018 los firmantes de millonarios contratos son: del Cisen, Eduardo Imaz Gispert, por un monto de 253 millones 51 mil 358 dólares de los Estados Unidos, y 67 millones 200 mil pesos mexicanos.
Del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social por 88 millones de dólares; José Alberto Rodríguez Calderón, como comisionado de Prevención y Readaptación Social, 26 millones 850 mil dólares, y 221 millones 400 mil pesos.
De la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Octavio Medina Estrada, que era Oficial Mayor y Raúl Mata Soria, como director general de Programación y Organización Presupuestal, quienes firmaron contratos por 26 millones 666 mil 666 pesos.
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