Por Gerardo Fernández Casanova / [email protected] 

Se discute en Parlamento Abierto y en todos los medios de comunicación la iniciativa presidencial que reforma la Constitución en sus artículos 25, 27 y 28, en materia de energía eléctrica.  

Es un asunto de importancia mayúscula respecto del cual la correcta información juega un papel primordial. 

La premisa básica consiste en el hecho de que la energía eléctrica es un bien necesario para la existencia moderna, al grado de poder decirse que es un derecho humano y social ineludible, además de que de su correcto empleo depende en alto grado el futuro del planeta entero como hogar común de la humanidad. 

No pretendo entrar en los aspectos técnicos de detalle del caso, sino a la sustancia política de la materia.

Aún bajo las anteriores consideraciones la teoría neoliberal redujo a la energía eléctrica a la simple condición de mercancía, susceptible de ser “liberada” a las fuerzas del mercado, no obstante la seria dificultad que ello implica. 

Por principio de cuentas, la energía eléctrica no es acumulable, se debe consumir al momento de ser producida. 

Segundo, la transmisión mediante cables no permite más que un sistema único, imposible que cada participante en el mercado tenga su propio sistema de transmisión y distribución para competir en el mercado, es un elemento infraestructural que sólo puede ser operado por un solo ente como monopolio y este no puede ser otro que el Estado.

Neoliberales mintieron

No obstante lo anterior, los tecnócratas del neoliberalismo se afanaron en lo que llaman “crear un mercado eléctrico”, inventando sistemas extremadamente complejos, más con la idea de deshacerse de la intervención estatal que de garantizar una sana competencia.

Lo que diseñaron e impusieron a muchos países es una entelequia que no produce una real competencia libre; que no puede prescindir de la intervención estatal y que menos puede garantizar el derecho humano a la electricidad.

La reforma energética del 2013, a iniciativa del presidente Peña Nieto y diseñada por los organismos financieros internacionales, obedeció irreflexivamente a la idea de crear el mercado eléctrico.

Además dinamitó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como organismo del Estado, aunque creando organismos de Estado autónomos del gobierno para la regulación eléctrica.

Osea que se acepta que el Estado sea el regulador, siempre y cuando esté sometido a los intereses de las empresas del sector, ajenas al interés nacional y de la sociedad en general, el pueblo pues. 

Un verdadero esquema surrealista destinado al fracaso, como ha quedado en evidencia principalmente en los países europeos que hoy viven el infierno y el invierno de las tarifas exacerbadas.

El argumento entonces utilizado refería a la CFE como un organismo incapaz de invertir los recursos necesarios para la creciente demanda, adicionado al grado de corrupción existente. 

La falsedad del argumento estriba en que, siendo una actividad rentable en suficiencia, los recursos de inversión propia y por endeudamiento ligado a producción abundan en el mundo financiero.

Y que un gobierno democrático elegido por el pueblo y al servicio del pueblo es plenamente capaz de erradicarla, tanto en la operación de la CFE como de los bastardos intereses neoliberales que son precisamente los que pretenden mantener el régimen corrupto que hizo la reforma de 2013.

Por el bien de todos

Dos temas son recurrentes en la argumentación opositora: el monopolio de la CFE y la transición a energías limpias. 

Todo el sistema eléctrico debiese ser un monopolio del Estado, único autorizado constitucionalmente para ejercerlo. 

La seguridad del país no puede quedar a expensas de la avidez de lucro de un puñado de empresas extranjeras o nacionales; es un servicio público determinante del desarrollo del país. 

No obstante, la iniciativa no lo contempla así, puesto que mantiene un porcentaje del mercado para ser generado por los particulares, de modo de no afectar compromisos ignominiosos de los gobiernos del viejo régimen. l

Lo que se busca es fortalecer a la empresa pública para ejercer una eficaz rectoría del Estado mexicano.

En lo tocante a las energías limpias la CFE es la mayor aportadora de ellas: hidroeléctricas, energía nuclear y geotérmica son formas limpias de generación, por cierto castigadas en el actual sistema administrativo. 

Por lo que toca a la transición, la mejor muestra del compromiso del nuevo régimen es la reserva del litio como recurso natural de explotación exclusiva de la nación. 

Este mineral es el elemento básico de la tecnología para la acumulación de energía de especial impacto en su empleo en automóviles eléctricos.

El asunto es pues una prioridad en la economía al servicio de la gente y del bienestar social, por lo que habrá que lograr su aprobación legislativa al costo que sea.

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