La aprobación del Presupuesto de Engresos de la Federación (PEF) para 2022 en la Cámara de Diputados por 270 votos a favor y 220 en contra es un gran éxito para el gobierno de la 4T.
Quedan así garantizados los recursos para los programas impulsados desde la Presidencia en los que se subraya el contenido social del principal instrumento ejecutivo, conforme a una visión integral, congruente y contribuyente a un crecimiento económico con bienestar.
Tal resultado se dio en el marco de una severa contraposición, más de carácter electoral que válidamente política.
La disyuntiva se redujo a estar a favor o en contra del Presidente López Obrador.
El debate parlamentario quedó minimizado ante la mezquindad del bloque opositor que, carente de solidez argumental, cayó en la diatriba, el insulto y la tergiversación como esencia de su discurso.
En realidad la verdadera confrontación se registró el 6 de junio en las elecciones legislativas, de las que lo sucedido el pasado fin de semana es sólo la consecuencia.
Subrayo lo anterior para dar pleno significado a los procesos electorales en su justa dimensión.
Se confrontaron las dos visiones de país afortunadamente polarizadas, porque un sector mayoritario aspira y respalda la transformación hacia un país más justo, en tanto que el otro pretende que se conserve el régimen de privilegios que dominó por décadas en el país.
Afortunada polarización, repito, porque no cae en el juego de las componendas de los “justos medios” o las negociaciones de toma daca que negocian votaciones como si fueran canicas a repartir.
Los opositores se quejan por el ejercicio de la mayoría parlamentaria, no obstante que ellos pretendieron lograrla en las elecciones para “parar a López Obrador”, cosa que el electorado, el pueblo pues, claramente les negó.
No obstante el enorme gasto invertido y el criminal contubernio de medios de comunicación, autoridades electorales cargadas a su favor, entre otras maneras de intentar confundir al electorado.
Todo lo anterior me lleva a considerar de urgente resolución la reforma en materia electoral, que tiene que ser de profundidad para erradicar toda suerte de atentados a la libertad del pueblo para decidir.
Desde luego que tal reforma quedaría en simple simulación si, como sucedió durante mucho tiempo, se afectara para beneficiar a un partido o sector en particular.
Las reglas claras y el piso parejo son elementos insustituibles de un proceso que aspire a ser democratizador.
El tema incluye a los partidos políticos, entendidos como el principal instrumento de la participación ciudadana.
Me voy a referir al tema más delicado y conflictivo que enfrentan los partidos en su ejercicio permanente: la selección de candidatos.
Anticipo que este es uno de los pocos casos en que no concuerdo con AMLO, quien ha optado por el recurso de las encuestas como herramienta de selección.
En mi experiencia, las encuestas usadas para reemplazar la decisión de la militancia adolecen de transparencia y objetividad, dan lugar a las decisiones cupulares (dedazos) y sólo satisfacen al que resulte ganador.
La selección tiene que bajar hasta las bases en procesos que sean inatacables.
He seguido con atención la forma en que los argentinos han enfrentado el tema.
Después de años en que la mayoría se declaraba peronista, pero en la práctica cada argentino constituía una particular versión del peronismo y formaba su partido generando una dispersión ingobernable, decidieron diseñar un método que les ha sido muy funcional a todas las corrientes, tendencias e individualidades.
Las candidaturas de los partidos se entregaron al pueblo mediante las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).
Son primarias porque son previas al proceso constitucional.
Vale la pena conocer más respecto de este mecanismo y considerar alguna manera de emplearlo en México. Continuaré abordando el tema.
_____
M21